Acusación constitucional: se salvó el ministro, pero no la educación

El rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no debe sorprender, ya que, como se ha dicho en contadas ocasiones en estas páginas, este tipo de procedimiento no está diseñado para cuestionar el desempeño de las autoridades, sino para sancionar graves infracciones a la Constitución y las leyes. Pues bien, la propia lectura del texto que apoyaba el libelo no daba cuenta de lo último, por lo que su rechazo era esperable.

Pero lo anterior no debe llevar a perder de vista algo que sí quedó en evidencia en el proceso de la acusación, cual es la deficiente gestión del titular de la cartera, algo sobre lo cual existe un amplio consenso entre los expertos del sector. La lista de errores, malas decisiones y sesgo a la hora de tomar decisiones es muy larga, lo que hace que exista una alta preocupación sobre el futuro del sector. Visto de esa forma, se puede decir que si bien se salvó el ministro, es claro que la educación no, a no ser que exista un cambio fundamental en la forma como se están conduciendo las políticas educacionales en la actualidad.

Es cierto que no resulta correcto personalizar en una persona o administración todos los problemas que tiene la educación chilena, pero lo que sí se puede evaluar es si sus políticas contribuyen a mejorar o empeorar la situación. Pues bien, en el caso del ministro Ávila, hay demasiadas materias donde su gestión está al debe, lo que resulta especialmente grave en estos momentos, donde la educación vive momentos críticos luego de la crisis provocada por la pandemia, que significó el cierre de colegios, con un ausentismo récord y un retraso gigantesco en los objetivos de aprendizaje, tal como lo demostraron los resultados del último Simce.

Si bien el ministro no es responsable de aquello, sí hay que recordar que fue partidario de no tomar la prueba, algo inédito y que solo fue revertido por la insistencia del Consejo Nacional de Educación. Realizada la medición, se cuestionó la tardanza en la entrega de resultados, previstos originalmente para abril, para finalmente conocerse en forma agregada recién a mediados de junio, lo que levantó todo tipo de sospechas. Finalmente, cuando se entregaron los resultados, el ministro destacó que 116 colegios habían salido de su condición insuficiente, algo que aparece como un detalle considerando el resultado global que mostró un retroceso sin precedentes en los aprendizajes.

Los resultados de la prueba tomada a los cuartos y octavos básicos mostraron una realidad incluso peor a la que estábamos esperando, tanto en matemática como en lenguaje, que significan un retroceso de años para el sistema educativo. Lo más grave sucede en matemáticas, donde la medición significa perder todo lo avanzado en una década. La merma de aprendizaje equivale a un año lectivo en matemática y medio año en lenguaje. Y significa que el porcentaje de alumnos con conocimientos insuficientes pasó, entre el 2018 y el 2022, de 37 a 45%. En un sistema escolar que ya venía estancado en términos de medición del Simce desde el 2012 -período que abarca los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y el segundo de Michelle Bachelet, confirmando que todos los sectores tienen una cuota de responsabilidad en esto-, lo anterior significa pasar de un escenario malo a uno muy malo.

Evidentemente nada de esto tiene que ver con la actual administración, aunque sí ellos fueron responsables de rechazar reabrir los colegios y de que Chile tuviera uno de los períodos más largos del mundo sin clases presenciales, algo que el propio Presidente Boric ha reconocido ahora como un error. Si bien aquello es el pasado, lo que sí resulta preocupante y grave es que durante todo este tiempo la cartera de Educación no ha actuado en consecuencia. El programa de reactivación de los aprendizajes ha sido calificado como incompleto -solo se centró en lenguaje-, se focaliza en los primeros cursos de la enseñanza básica y tiene pocos recursos. Es decir, no está a la altura del problema, considerando que lo que está en juego es una generación completa de alumnos que puede terminar el sistema escolar sin los conocimientos mínimos.

Especialmente preocupante en esto es el estado de la educación pública, que es la que obtiene los peores resultados y que se encuentra entrampada en un proceso de traspaso de los colegios desde las municipalidades a nuevos servicios conocidos como SLEP.

Los resultados hasta ahora han sido muy deficientes, al igual que el actuar del actual ministro, que solo ha conseguido tiempo para aplazar la reforma. Hace poco se presentó un proyecto para avanzar, el cual ha sido calificado de débil y acotado, poniendo en riesgo la reforma misma y creando una confusión en el sistema. Algo inédito para un ministro que se define como defensor de la educación pública.

En suma, si bien el ministro Ávila no merecía una acusación constitucional, lo que sí es claro es que el rechazo de esta en ningún caso debe ser entendida como un apoyo a su gestión. Solo queda esperar ahora que las autoridades entiendan que en educación hay mucho que mejorar, porque como vamos, no saldrá del estado crítico en que encuentra.