Agenda de seguridad incompleta

La agenda de 31 proyectos que en materia de seguridad priorizó el gobierno y el Congreso en el mes de abril está cerrando el año con un cumplimiento de 70% -22 normas aprobadas-, lo que en un contexto de alta polarización entre las fuerzas políticas es un avance importante. Sin embargo, todavía restan por aprobarse una serie de iniciativas que son fundamentales para un combate más integral contra la delincuencia y el crimen organizado, como son el Ministerio de Seguridad, un nuevo sistema de inteligencia y las Reglas de Uso de la Fuerza, estas últimas fundamentales para dar mayor certeza al quehacer de las policías así como al personal de las Fuerzas Armadas que excepcionalmente deba realizar labores de orden público.

Se trata por cierto de materias altamente sensibles, lo que de suyo hace compleja su tramitación, pero al parecer no son solo razones de orden técnico las que han entrampado su tramitación -ha sido el caso, por ejemplo, del nuevo ministerio, donde una de las materias que sigue definiéndose es quién será la autoridad regional que asumirá las facultades ministeriales en materia de seguridad-, sino que también han aflorado cuestiones de orden ideológico, algo que probablemente dilatará aún más su tramitación, justo cuando ya no hay margen para seguir demorando normas que resultan fundamentales.

En el caso del Ministerio de Seguridad -proyecto que ingresó a tramitación en 2021-, hay coincidencia en que es razonable contar con una institucionalidad íntegramente dedicada a este tema, que evite lo que hoy sucede con el Ministerio del Interior, cuyo quehacer se dispersa entre materias de orden público y seguridad, con otras relativas a la coordinación política. El proyecto que ya despachó el Senado y que ahora se discute en la Cámara probablemente es susceptible de ser perfeccionado, pero lo que cabe esperar es que dichos aspectos sean resueltos en forma expedita, sin dilaciones innecesarias. Es evidente que cuando la inseguridad se ha transformado por lejos en la principal preocupación de los chilenos, contar con un ministerio responsable de estas materias sería una señal de compromiso.

Las nuevas amenazas a las que se enfrenta el país producto de la extensión del crimen organizado, así como la presencia de grupos subversivos en la Macrozona Sur, exige contar con nuevas capacidades de inteligencia, con el fin de lograr anticiparse oportunamente. El proyecto se tramita desde el año 2018, y si bien logró avanzar en el Senado, se ha entrampado en la Cámara. Distintos sectores han cuestionado algunas de las indicaciones que presentó el Ejecutivo, en particular las que apuntarían a crear una suerte de “zar de la inteligencia” que estaría por sobre la Agencia Nacional de Inteligencia; asimismo, también hay reparos con la mayor injerencia judicial en determinadas actuaciones de inteligencia. Sin perjuicio de las complejidades que reviste dotarse de un mejor sistema de inteligencia, en esta fase lo que cabría esperar es que cualquier modificación apunte a asegurar que el Estado pueda producir más insumos de inteligencia, y no a dificultarlo.

Las Reglas de Uso de la Fuerza probablemente constituyen la materia más compleja, considerando la resistencia que la presencia militar sigue despertando en algunos sectores. Las Fuerzas Armadas han hecho ver a través de los canales institucionales su desacuerdo con los contenidos de esta propuesta, mientras que en la oposición también hay voces que ven como impracticables la cantidad de requisitos establecidos para el uso de la fuerza. Es una materia que urge despejar pronto, considerando la abundante cantidad de militares ya desplegados en virtud del estado de excepción o cumpliendo labores de protección en la frontera.