Agenda pendiente en materia de seguridad

El asesinato de tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes ha generado una reacción en el mundo político inesperada, lo que se ha traducido en que se impulse una agenda legislativa en tiempo récord para reforzar el trabajo de las fuerzas de seguridad, así como la persecución penal. La ley Nain-Retamal, despachada la semana pasada, ha sido la última de dichas iniciativas, pero en paralelo el Presidente de la República ha promulgado varias otras iniciativas, entre ellas la que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión.

Sin duda tanto el gobierno como el Congreso se están haciendo eco de la crisis que en materia de seguridad y orden público golpea al país, transformándose en la principal preocupación de los chilenos. Las normas que buscan fortalecer el trabajo de las policías, especialmente de Carabineros -que en la última encuesta Plaza Pública-Cadem aparece como la tercera institución mejor evaluada, con un 79% de aprobación, el mayor nivel que ha alcanzado desde que se hace esta medición- constituyen sin duda un paso indispensable en la agenda de seguridad. El Mandatario también suscribió recientemente con las gobernaciones y alcaldes de todo el país un compromiso transversal por la seguridad, y adicionalmente anunció otra serie de medidas, entre ellas el plan “Calle sin violencia”.

Son pasos sin duda bienvenidos, pero que no deben hacer perder de vista que aún hay otros desafíos pendientes en la agenda de seguridad, que resultan fundamentales para dar una respuesta mucho más integral a esta crisis de seguridad. Sigue pendiente contar con un sistema de inteligencia remozado y que pueda estar a la altura de las necesidades que hoy demanda el país para poder enfrentar el crimen organizado y los grupos violentistas que operan en la Macrozona Sur.

También parece necesario avanzar prontamente hacia una nueva institucionalidad que se haga cargo integralmente del manejo de la seguridad en el país. En ese orden de cosas, deberían agilizarse los esfuerzos en el Congreso para poder contar prontamente con un ministerio de seguridad, iniciativa que lleva tramitándose desde septiembre de 2021. El Ejecutivo lo ha incorporado como parte de los proyectos de ley que en materia de seguridad contarán con urgencia, pero por ahora simple.

Si bien hace algunos años se hizo una reforma de manera que las policías pasaran a depender del Ministerio del Interior, quedando esta repartición a cargo de la seguridad, dicho modelo ya no parece apto para los tiempos actuales, habida cuenta de su complejidad. Se requiere una instancia que no solo tenga una dedicación exclusiva a esta materia y centralice todas las dimensiones allí involucradas, sino que además asuma la responsabilidad política por ello, al estar investido del correspondiente estatus ministerial.

El Ministerio del Interior debe hoy repartirse entre labores de seguridad, la jefatura de gabinete y tareas migratorias, lo que claramente lleva a diluir las funciones. Un ministerio de la seguridad -modelo que existe en varios países- sería en este momento un paso importante, por lo que cabe esperar que una vez que pase el momento más álgido de la agenda de seguridad este proyecto no pierda fuerza, lo mismo que todo lo relativo al sistema de inteligencia.