Agresiones en el contexto de la pandemia

El gobierno ha alertado recientemente acerca de ataques a residencias sanitarias en algunos sectores de la Región Metropolitana -este fenómeno se ha repetido en otros puntos del país, a medida que van aumentado los contagiados por Covid-19-, en tanto que algunos cités -especialmente aquellos donde residen importantes comunidades de inmigrantes- también han sido objeto de actos de violencia, ante el reporte de casos de contagio. A estos hechos se podrían agregar las agresiones o amedrentamientos de que han sido víctima personal médico que trabaja con enfermos de coronavirus, buscando impedir que puedan llegar a sus hogares ante el temor de que puedan contagiar.

Es ciertamente una cara amarga del combate a la pandemia, algo que no solo constituye un bochorno para la sociedad, sino que además supone la comisión de graves delitos que bien podrían ir escalando a medida que el virus se va expandiendo por distintas zonas del país. Estas imágenes contrastan con aquellas de ciudadanos aplaudiendo entusiastamente cada noche al personal médico, o a los muchos gestos de solidaridad que hemos visto por estos días.

Combatir esta pandemia ya resulta todo un desafío, y desde luego este objetivo se hace aún más complejo en la medida que núcleos de la población impidan o interrumpan el trabajo de los equipos médicos, o que aquellos que se han contagiado puedan aislarse en lugares especialmente habilitados donde reciban atención apropiada. Es un hecho que las pandemias desatan el temor en la sociedad -el que a veces alcanza niveles irracionales-, creando las condiciones óptimas para que el populismo y la desinformación cundan con facilidad.

Es obligación de las autoridades reaccionar frente a ello y hacer cumplir la ley, sancionando a quienes incurren en actos de violencia o ponen en severo riesgo los objetivos sanitarios. Tanto el Ministerio del Interior así como la Fiscalía deben dar señales de que están actuando frente a este tipo de violencia -aquí no solo basta limitarse a la denuncia o a la condena pública de los hechos- y que no habrá espacio para actos incivilizados. También es indispensable una labor educativa mucho más exhaustiva en la población, tal de despejar creencias equivocadas o corregir desinformaciones en relación a las residencias sanitarias o la forma cómo se propaga el virus.

Lamentablemente las condiciones de hacinamiento en que miles de familias viven en la actualidad crean un ambiente propicio para contagios masivos, haciendo más factible que estallen amedrentamientos entre los propios vecinos. Se ha estimado que alrededor de un tercio de todos los inmigrantes de la Región Metropolitana viven en estas precarias condiciones, y a nivel nacional cerca de un 7% del total de hogares presenta algún grado de hacinamiento. Este es probablemente uno de los flancos más débiles que presenta el país, pero por lo mismo requiere que la autoridad esté especialmente vigilante, tanto para controlar brotes como para impedir amedrentamientos o agresiones.