Alineamientos políticos frente a la propuesta constitucional

El próximo martes 7 de noviembre el Consejo Constitucional elegido el 7 de mayo pasado entregará formalmente al Presidente de la República su propuesta de Carta Fundamental elaborada en los últimos cinco meses sobre la base del trabajo realizado previamente por la Comisión Experta. Será un nuevo hito en el recorrido constitucional iniciado a fines de 2019 y que ya cuenta con una propuesta fallida -la elaborada por la Convención Constitucional y rechazada por una amplia mayoría ciudadana hace poco más de un año-. A partir de la próxima semana se iniciará entonces el camino hacia el plebiscito del 17 de diciembre próximo donde la ciudadanía deberá nuevamente pronunciarse, en forma obligatoria, sobre si está “A favor” o “En contra” de este nuevo texto.

Tras el fracaso del proceso anterior, que propuso un documento de tintes refundacionales y con un fuerte carácter identitario, la clase política se comprometió a avanzar hacia un diseño que evitara caer en esos mismos errores y diera garantías a todos los sectores. Para ello se fijó, por una parte, un marco dentro del cual elaborar la nueva propuesta, resumido en doce bases constitucionales, que alejaban las posibilidades de encontrarse nuevamente con una Carta que no recogiera la tradición institucional de Chile. Además, se estableció un proceso en dos etapas, con una Comisión Experta integrada por técnicos elegidos por los partidos políticos de acuerdo a su distribución en el Congreso y un Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía con voto obligatorio.

Pese a todos esos resguardos para lograr consensuar un documento lo más transversal posible y que permitiera un apoyo mayoritario de la ciudadanía, lo que estamos viendo tras el fin de este segundo proceso, es que nuevamente el apoyo o rechazo a la propuesta en el mundo político es atravesada por el eje tradicional izquierda-derecha. En el votación final del texto, en el Consejo Constitucional, este fue aprobado por 33 votos a favor y 17 en contra, en un reflejo claro de los bloques políticos que conformaban el órgano redactor. A favor se alinearon la mayoría republicana y Chile Vamos y en contra los representantes de centroizquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista. No hubo ningún voto cruzado que sugiriera algún tipo de transversalidad en la discusión.

Junto con lo anterior, la distribución de los sectores que se han decantado hacia el “A favor” o el “En contra” en los últimos días refleja los mismos alineamientos observados el año pasado respecto a la propuesta emanada de la Convención Constitucional. No sólo los partidos del oficialismo ya han hecho pública su decisión de oponerse al texto redactado por el Consejo y, por su parte, Chile Vamos y el Partido Republicano han expresado su respaldo, sino que además sectores moderados, aliados a la centroizquierda en el pasado y que el año pasado apoyaron el Rechazo -como Amarillos y Demócratas-, han vuelto esta vez a alinearse con la centroderecha, confirmando que lo sucedido entonces no fue circunstancial, sino que da cuenta de una nueva configuración del mapa político del país.

El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 marcó el fin del clivaje político que había existido desde el retorno a la democracia y que durante más de dos décadas dividió al país en dos grandes bloques de centroizquierda y centroderecha -ordenados por el Sí y el No del plebiscito de 1988-. Es cierto que las primeras señales en ese sentido se habían dado en la segunda vuelta presidencial de 2021, entre representantes de partidos ajenos a las dos grandes coaliciones que habían dominado hasta entonces el escenario político, pero el año pasado ese primer quiebre decantó en que sectores de centro ligados a la vieja Concertación se aliaran con la derecha en contra de la propuesta constitucional emanada de la Convención, moviendo el eje del alineamiento político. Un fenómeno que esta vez se vuelve a repetir.

Frente a este escenario, el gobierno ha evitado pronunciarse directamente a favor de una u otra opción. Si bien es verdad que debe dar garantías a todos los sectores que participan del proceso y mantener una posición de prescindencia, también es un hecho que para el plebiscito anterior asumió una postura claramente favorable al texto propuesto por la Convención, haciendo campaña abiertamente por el Apruebo, vinculando incluso su programa al triunfo de esa opción. Ello implicó evidentes costos para La Moneda tras la contundente derrota de esa alternativa. Por ello, esta vez ha decidido no expresar abiertamente su preferencia. Una decisión estratégica para no volver a asumir el peso de una derrota -si se da ese escenario- ni convertir el voto de diciembre en una evaluación a su gestión.

Lograr ese objetivo, sin embargo, aparece como un desafío imposible, no sólo porque el Presidente -pese a no anunciar explícitamente su voto- ya se pronunció al asegurar que el texto elaborado por el Consejo “no es ni de cerca” una propuesta de consenso y que en su elaboración “se cometieron los mismos errores del proceso anterior”, sino que, además, porque todos los partidos del oficialismo ya llamaron a votar “En contra”, alineando claramente a los partidarios del gobierno con esa opción. Por ello, pese a que el Mandatario haya señalado que “quienes busquen antagonizar con el gobierno (en este tema) y hacer de esto una campaña política no lo lograrán”, será inevitable que los resultados del 17 de diciembre sean leídos en clave político electoral.