Alza de impuestos sin piso político

Hace unos días, el Banco Central actualizó las proyecciones de crecimiento para nuestra economía, previendo en 2023 un escenario central de crecimiento negativo. Sin embargo, lo preocupante es que, pasado el ajuste, a partir del 2024 las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo no son alentadoras.

El desempeño económico esperado para nuestro país durante este gobierno, de no mediar un cambio de rumbo, será uno de los más bajos del mundo, y nuestro ingreso per cápita crecerá en promedio 0,4% anual (según estimaciones del FMI). De cumplirse estas proyecciones, ambos registros serían los más bajos para un gobierno desde el retorno a la democracia.

Pero a pesar de esta realidad, para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, su principal prioridad ha sido sacar adelante su reforma tributaria, que después de un año de tramitación se rechazó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el ministro insistió convocando a un “pacto tributario”, que posteriormente fue rebautizado por el Presidente Gabriel Boric en la cuenta pública como “pacto fiscal”. Y a pesar de los sucesivos cambios y rediseños, el Ministerio de Hacienda no ha logrado aunar mayorías en el mundo político -la oposición ha sido clara en que no dará los votos para ello-, y tampoco en el ámbito empresarial. La CPC, que inicialmente se había mostrado dispuesta a negociar con el gobierno algún tipo de alza tributaria en el marco de un “pacto fiscal”, la semana pasada cerró la posibilidad a esta alternativa, al plantear en una declaración que “recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado”.

Ante un inminente fracaso del pacto fiscal, el ministro Marcel señaló que, de no alcanzarse un acuerdo, corríamos el riesgo de repetir la experiencia del estallido social. No parece adecuado que un secretario de Estado utilice la amenaza de una nueva convulsión social como mecanismo de presión, primero porque una parte considerable de la población lo asocia a graves hechos de violencia -más allá de la legitimidad de algunas de sus demandas- y enseguida porque hay plena conciencia sobre las nefastas consecuencias que trajo para el país el haber permitido que se desbordaran las vías institucionales. Avalar esta línea argumental corre además el riesgo de que pueda utilizarse para cualquier otra reforma que, por defectuosa que esta sea, la amenaza del estallido violento la transforme en el “mal menor”, condenando a nuestras futuras políticas públicas a la mediocridad.

Hemos perdido un año y medio en la discusión tributaria, mientras la economía y la inversión no repuntan, el desempleo aumenta y las perspectivas futuras no son alentadoras. Es momento que el Ministerio de Hacienda acepte la realidad política tal cual es, en cuanto a que no hay piso político en este momento para seguir subiendo impuestos, y priorice la conducción económica por sobre lo tributario. La excesiva burocracia para aprobar inversiones, sumada a la fragmentación del sistema político y un Estado anquilosado, requieren de dedicación exclusiva del ministro para poder retomar nuestra senda de crecimiento que garantice un pacto social duradero.