Amenazas del líder de la CAM
Cuesta pensar en alguna democracia robusta que tenga tantas dificultades para hacer cumplir la ley y asegurar el orden público cuando este se ve flagrantemente amenazado.
La ministra del Interior comunicó este miércoles que el gobierno ha decidido ampliar las querellas ya presentadas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul. Esto como respuesta a las graves amenazas que profirió públicamente hace algunos días, en donde dijo que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, maquinarias…”, manifestado además su comprensión ante los ataques a escuelas, templos o sedes comunitarias, por ser estos expresiones del colonialismo.
El anuncio se trata de un giro respecto de la línea de acción que había adoptado el gobierno en relación con este caso. Los ministros de la Segpres y Segegob habían descartado la presentación de una querella en contra de Llaitul, en la que se invocara la LSE. Conforme se había sostenido, esta acción sería redundante porque ya existen querellas activas por LSE en contra del dirigente mapuche, una de las cuales data de 2019, en las cuales el gobierno ya es parte, lo que desestimaría que se esté consintiendo la impunidad.
El ministro Giorgio Jackson fue aún más lejos, pues requerido de por qué frente a estas nuevas amenazas el Ejecutivo no se querellaba por LSE, reiteró que como gobierno no comparten la aplicación de esta norma, dando a entender que no será invocada en ningún caso.
Los anuncios que hizo el Ministerio del Interior están precedidos de las declaraciones del Fiscal Nacional, quien hizo ver que la única forma de que la Fiscalía pudiera proceder por LSE en contra de Llaitul es que el gobierno se querelle invocando esta norma, lo que probablemente fue leído como una presión encubierta hacia el Ejecutivo.
Este ir y venir de las autoridades desde luego deja un sabor particularmente amargo, porque una vez más la ciudadanía comprueba las trancas que existen en el propio Estado para reaccionar frente a hechos de particular gravedad que involucran a personeros relacionados con la llamada causa indígena -tampoco hubo reacción cuando hace algunos meses Llaitul llamó a la “resistencia armada”-, donde abundan las excusas y el buscar deslindar responsabilidades para actuar conforme lo exige el Estado de Derecho.
No se ve ningún motivo razonable para que La Moneda no actuara de inmediato apenas conocidas las declaraciones de Llaitul, y este giro de último momento solo parece posible de explicarse por el desconcierto que provocó esta actitud y lo indefendible de la misma; tampoco resultan plausibles las razones esgrimidas para no abrir una nueva causa por LSE y optar por ampliar causas ya presentadas. Es lamentable que pese a toda la evidencia pública que se ha acumulado respecto del líder de la CAM, se continúe con zigzagueos y sigan aflorando razones ideológicas para no utilizar todas las herramientas que provee el Estado de Derecho.
La Fiscalía también debe dar cuenta de su quehacer, considerando que hay querellas presentadas desde hace mucho tiempo y sus resultados han sido hasta la fecha nulos o muy débiles. Sin perjuicio de que la LSE es una prerrogativa del Ejecutivo, la Fiscalía cuenta con herramientas del Código Penal para haber abierto una investigación de oficio, considerando que Llaitul asume la responsabilidad en una serie de actos vandálicos, los que pretende repetir.
Este episodio deja a la vista una conclusión inquietante, y es que cuesta pensar en alguna democracia robusta que tenga tantas dificultades para hacer cumplir la ley y asegurar el orden público cuando este se ve flagrantemente amenazado.
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