Aprontes para el Presupuesto 2024

En los próximos días se iniciará la discusión presupuestaria en el Congreso con el envío del proyecto de ley respectivo. En sus primeras definiciones, el ministro de Hacienda ha señalado que sería un presupuesto austero respecto del crecimiento del gasto público esperado para el próximo año.

Es de esperar entonces que el gasto no aumente más allá del crecimiento del PIB de tendencia (2,3%) agregando adicionalmente la mayor recaudación proveniente del aumento del royalty a la minería en 2023. Respecto de las prioridades ciudadanas, éstas deberían continuar en las materias aún pendientes como la seguridad pública, las crecientes listas de espera en salud, así como destinar recursos para cerrar las brechas que la pandemia dejó en la educación escolar. Asimismo, debería abordar las necesidades de inversión en obras públicas y vivienda, con un presupuesto realista que pueda ser ejecutado de manera efectiva, evitando los problemas en la velocidad de ejecución de la inversión pública, como han alertado los gremios relacionados al sector durante los últimos dos años.

El presupuesto también debería incorporar mejoras en eficiencia del gasto, realizando un esfuerzo de máxima austeridad en burocracia estatal, donde se gastan anualmente US$ 27 mil millones, y destinar estos ahorros a financiar las urgencias ciudadanas. Asimismo, se espera una baja tolerancia hacia los 358 programas mal evaluados en 2022, los que se duplicaron respecto de 2021 y donde hoy se gastan más de US$ 22.800 millones (Temas Públicos de Libertad y Desarrollo, junio 2023).

En materia de mayor regulación de transferencias y control del presupuesto, debería contemplar, en primer lugar, medidas para fortalecer la concursabilidad de las transferencias, la rendición oportuna y transparencia, eliminando las excepciones arbitrarias de las glosas presupuestarias. Adicionalmente, tal como planteó el contralor, se debe limitar la discrecionalidad de las reasignaciones presupuestarias, como también el período del año en que se pueden realizar. Es fundamental evitar que la ejecución presupuestaria se transforme en un fin en sí mismo y en cambio se debe velar por la eficiente administración de los recursos públicos.

La creciente evolución de la deuda pública también debe ser motivo de preocupación por parte del Congreso. A fines de 2024 estaría llegando a 40,9 puntos del PIB (según el Informe Finanzas Públicas II Trimestre, 2023), un valor que no se observaba desde el inicio de la década del 90. Tal como ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, los escenarios de riesgos podrían elevar la deuda sobre límites prudentes en el corto plazo y alcanzar hasta 70 puntos del PIB en un horizonte de 20 años. A su vez, el gasto por intereses alcanzará el próximo año US$ 3.800 millones. Según ha señalado la agencia Fitch Ratings, la relación gasto por intereses sobre ingresos hoy se ubica en 3,6% por sobre la mediana de los países clasificados en categoría ‘A’, que alcanza a 2,7%, lo que debe ser motivo de alerta.

Los casos de corrupción conocidos ofrecen una oportunidad para que en el Presupuesto 2024 el Ejecutivo entregue señales concretas de austeridad y eficiencia, que permitan recobrar la confianza ciudadana en la manera como se gastan los recursos públicos, como también conteniendo el preocupante crecimiento de la deuda y su correspondiente gasto por intereses.