La compleja situación por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia -afectando gravemente la estabilidad económica de las familias- llevó a un grupo de diputados a presentar un proyecto de ley que suspende el cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula por parte de toda institución de educación superior, sea pública o privada, mientras dure el estado de excepción constitucional que ha decretado el Presidente de la República. La medida sería para todos aquellos estudiantes que no califican para acceder a la gratuidad.
Aun cuando es entendible que se busquen alternativas para aliviar la carga de las familias, la medida planteada previsiblemente podría ocasionar a la larga más daños que beneficios. La mayoría de las instituciones de educación superior han optado por continuar las clases bajo la modalidad a distancia, lo que si bien dista de ser lo óptimo, en tanto ha sido necesario improvisar sobre la marcha una serie de soluciones, ha permitido sin embargo la continuidad de los estudios. Ello implica mantener la planta de profesores y en general todo el soporte para la docencia, lo que requiere del financiamiento necesario. Aun cuando el proyecto establece una suspensión de los aranceles y no su eliminación, tal que estos deberán ser pagados en cuotas con posterioridad, es evidente el daño financiero que se provocará mientras dejen de recibirse dichos fondos, especialmente porque el pago se reanudará una vez que se levante el estado de excepción, lo que es incierto.
No todas las instituciones de educación superior están adscritas a la gratuidad, y aquellas que forman parte de dicho sistema igualmente cobran aranceles a aquella parte del alumnado no afecto a gratuidad. Cerca de la mitad de los ingresos operacionales de todo el sistema proviene justamente del pago de aranceles, y en torno al 60% de los gastos operacionales se destinan al pago de remuneraciones. Una abrupta alteración de los presupuestos ya comprometidos puede llevar a afectar la continuidad de la clases. Cabe no perder de vista que hay instituciones que a raíz de la gratuidad viven ya un escenario muy ajustado, por lo que una medida como la propuesta agravaría aún más la situación. Es justificado entonces que tanto el Ministerio de Educación así como el propio Consejo de Rectores hayan expresado sus reservas con el proyecto.
El Estado probablemente deberá diseñar fórmulas para ir en apoyo de aquellos estudiantes que temporalmente se vean imposibilitados de pagar. De hecho se ha abierto una ventana en el proceso de beneficios estudiantiles para este año -con gratuidad, becas y créditos-, existiendo la posibilidad en este momento de apelar en aquellos casos donde se verifique un cambio en los ingresos del grupo familiar o cesantía de algunos integrantes.
Lo anterior no obsta para que las instituciones de educación superior desplieguen todos los esfuerzos posibles para ajustar sus costos a la realidad que hoy vive el país, e idealmente ello también se pueda traspasar a los aranceles. Todas las instituciones del Estado están haciendo ajustes presupuestarios, también muchas empresas en el sector privado, y la educación superior no puede pretender quedar al margen de ello.
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