Asociaciones de funcionarios en Gendarmería
La inexplicable atomización de entidades gremiales al interior de la institución y la suerte de guerrilla interna entre estas no solo complica una gestión eficiente, sino que abre también un riesgo para manejos irregulares.
Gendarmería es una pieza fundamental dentro de todo el engranaje estatal destinado al combate y prevención del delito. En los recintos penitenciarios se cuentan ya casi 60 mil internos -una cantidad sin precedentes-, los que no solo requieren custodia permanente, sino también acceso a programas de rehabilitación.
Nuestra realidad carcelaria está ciertamente al límite, ya que se observa una preocupante sobrepoblación -son varios los casos donde incluso se habla de hacinamiento-, lo que naturalmente presiona mucho más el trabajo de Gendarmería, ya que mantener el control en esas condiciones resulta mucho más exigente, a lo que cabe añadir que hay una población penal cada vez más peligrosa, asociada al crimen organizado. Este estado de cosas crea condiciones propicias para que cundan casos de corrupción entre funcionarios de la institución, o bien se configuren condiciones laborales que dañan su salud mental o física.
Contar con nuevos recintos penitenciarios que permitan no solo descongestionar las actuales cárceles, sino facilitar los distintos roles que cumple Gendarmería es un paso fundamental, pero a la vez se hace indispensable revisar cómo funciona dicha institución, en particular ante la inaudita atomización de asociaciones de funcionarios en su interior -actualmente son ocho-, las que lejos de actuar en armonía constantemente colisionan entre sí, muchas veces con denuncias cruzadas de irregularidades o de abierta desacreditación.
Si bien Gendarmería es una institución jerarquizada y obediente, su estatus es el de un servicio público, por lo que a diferencia de Carabineros y la PDI, sus funcionarios pueden asociarse libremente para representar sus intereses. Pero la excesiva atomización que se observa a nivel de organizaciones de funcionarios, así como sus constantes pugnas y rivalidades, sugieren que son entidades que ante todo buscan disputarse espacios de control y mejorar su capacidad negociadora ante la autoridad, antes que ser el reflejo de gremios que velen por el mejor interés de la institución. En virtud de esta proliferación ocurre que hay un alto número de funcionarios que gozan de fuero, lo que en la práctica no solo hace más complejo el manejo eficiente del personal, sino también dificulta asegurar que los funcionarios dediquen la mayor parte del tiempo a sus labores propias.
Un reciente reportaje de este medio dio exhaustiva cuenta no solo de este enjambre de organizaciones gremiales, sino de las graves denuncias de irregularidades que en algunos casos se imputan entre sí, así como de supuestos mantos de impunidad. Si bien no hay duda de que el trabajo de Gendarmería es altamente exigente, y que muchos desempeñan su labor honestamente, es difícil que una institución pueda funcionar eficientemente cuando los intereses particulares son los que parecen predominar.
En la institución se resisten a regirse por las mismas reglas que la PDI o Carabineros -en el primer proceso constituyente se intentó avanzar en esa dirección, pero no prosperó-; es algo que debe ser revisado, de modo de poder aspirar a una racionalización elemental que asegure contar con una institución moderna, bien gestionada, y que no dé espacio para actuaciones irregulares.
