Columna de Sebastián Izquierdo: Atacama: Alerta Educativa

Hoy, mientras muchos se están preparando para celebrar Halloween, en Atacama la realidad supera cualquier macabro disfraz. Sin el entusiasmo de una fiesta, la semana pasada más de 800 personas tomaron las calles del centro regional, ataviadas con ataúdes y féretros; su mensaje no sólo afirmaba el terror real, sino también de urgencia. Apuntaban directamente a la indolencia de las autoridades ante la deteriorada educación estatal. Sumado al hecho de que Atacama ha obtenido persistentemente los peores resultados educativos del país, estos 57 días de paro la llevan al borde de la extinción: estamos a días de perder el año escolar de 30 mil estudiantes y, a menos de un mes, de un eventual desastre para los alumnos que enfrentarán la PAES.

Una lapidaria auditoría reveló en junio una preocupante combinación de negligencia, politización y posible corrupción en el primer Servicio Local de Educación (SLEP) implementado, que alberga 46 establecimientos desmunicipalizados de Atacama. Los resultados recientes de aprendizaje, como era previsible, resultaron desalentadores, particularmente en cuarto básico, donde el SLEP Atacama experimentó una caída en el SIMCE que más que duplica a la registrada a nivel nacional por los establecimientos SLEP (CEP, 2023).

Aunque la baja no fue exclusiva en la región, la crisis que surgió de este plan piloto es un fuerte llamado de atención de lo que podría estar sucediendo con el resto de los 10 SLEP a lo largo del país. Porque aquí no estamos ante fallas puntuales. No. Estamos ante un evidente problema estructural de la ley que los creó y sobre el cual se advirtió hasta la saciedad durante su tramitación. Todas las falencias que se temían se han ido convirtiendo en realidad, incluso en magnitudes insospechadas.

El problema no se limita únicamente a cuestiones educativas o a graves irregularidades -que ya investigan tanto la Contraloría como el Ministerio Público-, sino que también a un asunto político. En el momento de la creación de la norma, prevaleció la ideología de un sector, liderado por RD -que hoy mira el techo pese a tener el timón en sus manos-, en lugar del pragmatismo necesario para abordar este urgente desafío.

Hoy, ni los municipios ni tampoco los SLEP, logran garantizar las mínimas condiciones de gestión y el uso de recursos para asegurar una verdadera oferta educativa estatal de calidad.

Ante este fracaso y con el reloj en contra, no queda otra opción que poner freno de mano al traspaso de colegios municipales y buscar un consenso técnico-político para resolver estructuralmente -no diagnosticar- este desastre, sin parches (CEP, 2022). Mientras, ¿qué hacemos? Debemos partir por eliminar la irracional barrera que no solo impide la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, sino que también les prohíbe abrir más cursos para dar cabida a las familias que libremente decidan ese camino, más aún cuando sabemos que hay problemas de matrícula. Ya no se trata de un gallito doctrinario, se trata del futuro inmediato y de los derechos de miles de niños y, quizás, millones si no se toman medidas urgentes. Atacama encendió dramáticamente las alertas. ¿Qué están esperando? El calendario sigue sumando días sin clases. Basta.