Ataques a la prensa en Estados Unidos

La ola de protestas que se ha desatado a lo largo de Estados Unidos luego de la violenta muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, no solo ha desnudado la profundidad de los conflictos raciales que aún cruzan al país, sino también ha polarizado a la sociedad respecto de hasta dónde es legítimo el uso de la fuerza policial y militar para contener el vandalismo y los saqueos protagonizados por grupos minoritarios. La decisión del Presidente Donald Trump de invocar una ley del siglo XIX para desplegar tropas a fin de restaurar el orden público ha ocasionado fuertes resistencias, incluso dentro del ala más conservadora del Partido Republicano, dejando al Mandatario en una posición muy debilitada.

La forma como se resuelva esta compleja situación ha provocado justificada preocupación internacional, en especial porque las protestas en favor de mayor respeto hacia la población afroamericana se han multiplicado en distintas capitales del mundo, creando un inesperado ambiente de crispación que probablemente no se desactivará mientras continúe el ambiente convulsionado en suelo norteamericano.

Una peligrosa arista que ha surgido a la par en esta crisis es el amedrentamiento hacia el trabajo de la prensa por parte de las fuerzas policiales en distintas ciudades norteamericanas, que ha ido desde agresiones físicas -mediante disparos de balines de goma, uso de gas pimienta y lacrimógenas, además de golpes con bastones, acciones que en algunos casos han provocado graves heridas a sus víctimas- hasta violentas detenciones en lugares donde se registran manifestaciones, las cuales no solo han afectado a medios locales, sino incluso a equipos de grandes cadenas. Desde el 26 de mayo ya se documentan más de 300 incidentes, un hecho ciertamente preocupante y que incluso ha provocado que gobiernos como el de Alemania y Australia hayan alertado acerca de estas agresiones. La Sociedad Interamericana de la Prensa también ha manifestado su profunda preocupación y condena por este tipo de amedrentamientos.

La libertad de prensa -una piedra angular de cualquier democracia moderna- se ha visto cada vez más amenazada a lo largo del mundo. La acción de gobiernos de signo autoritario se ha reflejado en leyes que favorecen la censura oficial, así como el encarcelamiento de periodistas, cuyo número crece cada año y alcanza niveles sin precedentes. Es en ese contexto donde resulta especialmente desesperanzador que en una democracia con fuerte arraigo institucional y celosa de proteger las libertades constitucionales como es el caso de EE.UU., comiencen a proliferar abiertas prácticas de acecho a la libertad de prensa -alentadas por el propio Presidente Trump, cuyos ataques a medios o periodistas son inmoderados-, porque el efecto contagio es un riesgo para todas las sociedades libres.

En cualquier sociedad democrática resulta fundamental que la ciudadanía tenga asegurado el derecho a recibir información de fuentes independientes, así como la garantía de que no habrá censura previa y que el derecho a emitir opiniones no será amenazado. Los ataques a la prensa trasuntan un germen de autoritarismo y una amenaza a libertades fundamentales.