Auspiciosas señales en proyecto de nueva Constitución

Cumpliendo con el cronograma establecido en su reglamento, las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta -órgano encargado de la presentación de un anteproyecto de nueva Constitución- entregaron sus respectivas propuestas de normas constitucionales, con lo cual la discusión para arribar a una nueva Carta Fundamental comienza a tomar forma. Si bien todavía queda un largo proceso por delante -los artículos deben ser votados por el pleno de la Comisión, y en mayo corresponderá elegir a los consejeros-, este primer paso se aguardaba con especial interés, porque daría una primera aproximación respecto del nivel de consenso que se está alcanzado, así como de sus principales contenidos.

Ya se había definido que la nueva Carta tendría catorce capítulos, y los primeros articulados que han sido evacuados resultan auspiciosos, porque en general dan cuenta de un texto razonable, alejado de visiones maximalistas y refundacionales, donde ha sido posible comprobar un importante nivel de acuerdo, sin perjuicio de que sigue habiendo materias que han sido objeto de fricciones, como lo relativo a la forma de aterrizar el Estado social de derecho, una de las innovaciones que contempla el nuevo texto.

Estos primeros aprontes muestran que aspectos que fueron objeto de ácidas controversias en el proceso constituyente anterior -y que en definitiva llevaron a su fracaso- han sido esta vez tratados de una forma razonable. Tal es el caso del derecho de propiedad, que aparece aquí plenamente reforzado, o el derecho preferente que tienen las familias para elegir la educación de sus hijos o sus pupilos. Desde luego hay también un rol mucho más presente del Estado, como por ejemplo en asegurar un trabajo “decente” o una vivienda adecuada, así como el acceso a prestaciones sociales básicas, pero al menos en esta primera aproximación se ha evitado atiborrar la propuesta de derechos sociales para centrarse en aquellos más fundamentales y susceptibles de garantizar, justamente lo contrario de lo que ocurrió con el texto que fue rechazado.

Viene ahora una acuciosa tarea para analizar pormenorizadamente estas propuestas, pero algo que resulta desde ya especialmente destacable es que esta propuesta se hace cargo integralmente de nuestro dañado sistema político, introduciendo una serie de normas que buscan evitar que continúe la fragmentación del sistema, así como propender a la gobernabilidad, aspectos que de no ser resueltos constituyen una de las principales amenazas para la estabilidad democrática.

El capítulo sobre Congreso Nacional analiza extensamente los problemas que actualmente afectan al sistema político chileno, haciendo ver que la fragmentación ha provocado un deterioro en gobernabilidad y estabilidad política. La existencia de 21 partidos o movimientos con representación parlamentaria, señala el documento, hace difícil alcanzar acuerdos y las mayorías necesarias para la realización de cualquier proyecto político. Asimismo, se hace hincapié en que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación política democrática y para canalizar las demandas de la ciudadanía.

En ese orden de cosas, se propone que solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional. Como contexto, la Comisión recuerda que en la última elección de diputados se presentaron 27 partidos; de ellos, 21 no superaron el 5% de los votos a nivel nacional y 13 no alcanzaron siquiera el 3%. Hoy, la Cámara incluye a siete partidos políticos con menos de 3% de los votos a nivel nacional.

Probablemente estas limitaciones generarán una serie de fricciones en los incumbentes, pero va en línea con lo establecido en democracias desarrolladas, y parece bien orientado para efectos a propender a la conformación de grandes partidos, lo que a la larga favorece la gobernabilidad y delimita mejor las corrientes de pensamientos que hay en la sociedad. También contempla normas que sancionan la extendida práctica del “transfuguismo” o “discolaje”, de modo que parlamentarios que sean electos por un partido y luego decidan renunciar a éste, perderán su escaño, lo mismo si son expulsados de la colectividad. Otras disposiciones buscan una relación más equilibrada entre el Congreso y la Presidencia -materia muy necesaria y que probablemente será objeto de amplio debate en las etapas que siguen-, en tanto que se introducen mecanismos para que la ciudadanía pueda proponer proyectos de ley o suprimir normas vigentes, lo que debería ayudar a estimular la participación.