Autofraudes asociados a productos financieros

El fuerte incremento que muestran las estadísticas sobre desconocimiento de transacciones asociadas al uso de productos financieros indicarían que el fraude pareciera estar sin control. Lo insólito de esta situación es que el mayor aumento en el número y monto en el desconocimiento de estas transacciones se dio luego de la aprobación de la Ley 21.234 denominada “Ley de fraudes”, que buscaba justamente eliminar este problema. Este cuerpo legal estableció que las instituciones financieras debían restituir cualquier desconocimiento hasta 35 UF en cinco días hábiles y los montos que superaran este umbral deberían ser restituidos en siete días hábiles adicionales. Además, la carga de la prueba quedaba en manos del emisor, quien debería probar dolo -o culpa grave- de un usuario ante la sospecha de un autofraude.

Mucho antes de la ley, la industria financiera chilena se puso a la vanguardia en materias de seguridad y fue implementando diversas acciones para prevenir el fraude, como el chip en las tarjetas, factores de autenticación biométricos, notificaciones automáticas de transacciones, entre muchas otras medidas.

Tal como era de esperar -y como fue advertido en su momento por representantes de la industria y las más variadas voces expertas- los hechos han mostrado que lo ocurrido luego de aprobada la norma fue en el sentido completamente opuesto al buscado originalmente, ya que el desconocimiento de transacciones pasó de $41 mil millones, en el primer semestre de 2021 a $179 mil millones en el segundo semestre de 2023, de acuerdo a una proyección realizada por la ABIF.

¿Qué explica entonces este fuerte aumento? Tal como acotó un representante del Retail Financiero las cifras de victimización por fraudes no han aumentado, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana la tasa de victimización de hogares por clonación o uso no autorizado de tarjeta de crédito, débito o de multitienda alcanzó el 3,4% en 2022, similar al registro previo a la pandemia en 2018 (3,4%). Algo parecido ocurre con la tasa de victimización de hogares por suplantación de identidad en su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, que en 2022 marcó 1,8%, nivel similar al de 2018 (1%).

Resulta lógico pensar entonces que el fuerte aumento ha estado asociado al autofraude, por lo que es imperioso cerrar cuanto antes este foco de defraudación. En este sentido, el proyecto presentado por el gobierno busca corregir las brechas que dejó la ley y avanza en la dirección correcta ya que aumenta el plazo de la restitución de fondos, establece la necesidad de realizar una declaración jurada, y deriva a un reglamento el umbral mínimo de restitución, entre otras. No obstante, no es suficiente para eliminar por completo los incentivos perversos que dejó la Ley de Fraudes, pues no disminuye el riesgo moral que genera en los malos usuarios del sistema financiero.

Los impactos de dejar abiertos estos focos de defraudación son significativos. Existe el riesgo de una mayor concentración del mercado, menor acceso a servicios financieros así como costos más altos asociados a las transacciones y los medios de pago. Una vez más se están pagando las consecuencias de haber legislado atendiendo a criterios populistas antes que a la buena técnica.