Autopréstamos previsionales: otro error de cálculo del gobierno

Los retiros anticipados de los fondos de pensiones han generado efectos negativos para las personas, más allá de la importante reducción de sus futuras pensiones. La mayor inflación, el alza en las tasas de interés -que tiene un impacto directo sobre la inversión y generación de nuevos empleos-, o la contracción del crédito hipotecario para financiar la anhelada casa propia, son algunos de ellos. Pero también provoca efectos indirectos, como el mayor gasto fiscal que han debido desembolsar los gobiernos como herramienta para detener nuevos retiros, comprometiendo el ahorro público para enfrentar futuras contingencias.

A pesar del alto nivel de aprobación del Presidente Gabriel Boric al inicio su mandato, y en un contexto económico más favorable, detener los retiros fue el primer trámite legislativo complejo que sorteó el Ejecutivo, con algo de fortuna. Tanto la moción parlamentaria como el proyecto de retiro acotado del gobierno terminaron siendo rechazados, lo que impidió que se presentara un nuevo proyecto de ley hasta abril de 2023. El resultado dejó un sabor amargo en una facción del conglomerado oficialista, ante un debate que estaba lejos de quedar zanjado.

Los defectos de nuestro agotado sistema político quedaron de manifiesto en la tramitación de las mociones parlamentarias de retiros. La fragmentación de las fuerzas políticas ha provocado que los partidos hayan perdido la preponderancia de antaño para ordenar a sus filas, donde los parlamentarios “descolgados” no pagan costos por ello, sumado a la pérdida del respeto institucional por la iniciativa exclusiva que tiene el Presidente de la República en materias como la seguridad social.

Es justamente a raíz de este alborotado escenario que resulta incomprensible que sea el propio Ejecutivo el que haya decidido colocar sobre la mesa el tema de los autopréstamos, con motivo de la reforma previsional que propuso al país. Claramente no se midieron los impactos potencialmente nocivos ni los flancos que se podrían abrir en la propia coalición. La figura propuesta por el gobierno permitiría al afiliado retirar hasta el 5% del saldo de la cuenta individual, con un tope de 30 UF, comenzando a pagar al mes siguiente, contra un aumento de un 2% de cotización adicional hasta saldar la deuda. Esta figura despertó inmediatamente el apetito de un grupo de parlamentarios para impulsar un nuevo retiro, pero impedidos de presentar un nuevo proyecto hasta abril, lo hicieron mediante la argucia de tres mociones de autopréstamos, las que cuentan con respaldos transversales y consideran retiros de entre el 15% y 100% de los ahorros, que en el extremo permitirían retirar hasta US$ 166 mil millones (50% del PIB). Puesto que las condiciones para la devolución de los fondos son matemáticamente imposibles, en la práctica constituyen un retiro encubierto.

El miércoles de esta semana, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja rechazó las tres mociones parlamentarias, pero tal parece que fue solo un triunfo parcial. La iniciativa llegará con informe desfavorable a la sala para su votación, y los parlamentarios patrocinadores ya han anunciado que, ante un potencial rechazo, esperarán hasta abril para presentar el proyecto de un nuevo proyecto de retiro. Frente a las pulsiones populistas que campean, y considerando que 2023 será un año electoral, no es descartable que al final puedan terminar tramitándose autopréstamos y retiros.

Oponerse a estas mociones parlamentarias le costó al ministro de Hacienda un emplazamiento público de la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la Comisión de Hacienda e integrante de la coalición de gobierno, enrostrándole al ministro su contradicción, toda vez que el autopréstamo es una propuesta incluida en la reforma presentada por el Ejecutivo. Una controversia innecesaria y evitable, que además desgasta anticipadamente al gobierno de cara a futuros debates legislativos de retiros.

La lección que deja este nuevo error de cálculo debe ser un llamado de atención para el Ejecutivo. El punto de partida de una reforma de pensiones ha de ser que los fondos acumulados en las cuentas individuales sean de uso exclusivo para la jubilación, y cerrar definitivamente la puerta a cualquier mecanismo que promueva un retiro anticipado, porque con ello solo se terminan mermando las futuras pensiones.