Barreras para la creación de colegios subvencionados

Uno de los problemas que se han revelado con la falta de cupos que aún aqueja a cientos de estudiantes del país, es la falta de establecimientos educativos de calidad entre los cuales las familias puedan optar. Un informe de Acción Educar mostró que durante el último proceso de admisión un 37,3% de las vacantes totales disponibles en el SAE no recibió postulación alguna, lo que a su vez ayuda a explicar la alta concentración de las preferencias en un número reducido de colegios. Entre estos últimos, el mentado informe señala que los particulares subvencionados son los más preferidos, concentrando un 70% de las preferencias de los postulantes y, en varias comunas, hasta el 80% e incluso el 90%.

Esta situación, a la luz de lo que varios especialistas han advertido, previsiblemente se ha exacerbado producto de las barreras que se han introducido para la creación de colegios subvencionados a través de la Ley de Inclusión, entre las que destacan la obligación de acreditar la exigencia de que exista una “demanda insatisfecha” en la comuna donde se quieren abrir nuevos cupos. De por sí, este requisito constituye una burocracia excesiva para quien realiza la solicitud pero, además, en la medida que esto solo se evalúa desde una perspectiva cuantitativa -si existen cupos disponibles en proyectos educativos similares-, pero no cualitativa -si es que existen suficientes cupos de calidad-, es posible que en la práctica se esté subestimando la necesidad de nuevas plazas, impidiéndose la apertura de colegios en zonas en las que hay vacantes, pero de calidad insuficiente de acuerdo con lo que demandan las familias.

Pese a lo anterior, el gobierno no parece haber acusado recibo de este problema y, entre los proyectos de ley que ha presentado en el último tiempo, hay dos que podrían introducir aún más dificultades para los sostenedores particulares subvencionados. Primero, el recién presentado proyecto para modificar la puesta en marcha del Sistema de Educación Pública, que busca dar prioridad a los SLEP a la hora de abrir nuevos cupos y con ello posterga las solicitudes de sostenedores privados que, paradojalmente, han demostrado ser los preferidos de las familias. Y, segundo, el proyecto que se comprometió en el protocolo de acuerdo con la oposición durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024, el que si bien en el papel tenía por objeto facilitar la acreditación de “demanda insatisfecha” por parte de quienes solicitan la apertura de nuevos cupos, en realidad lo que hace es introducir aún más burocracia. En la otra vereda, en tanto, hay una moción de senadores de oposición que fue declarada admisible hace unos días y que, aunque de forma modesta, buscaba avanzar en dicho propósito.

Es de esperar que el Ejecutivo tome cartas en este asunto, que mejore las diversas iniciativas que ha presentado y se avance en el objetivo de facilitar la entrada de nuevos colegios que ofrezcan mejores opciones a las familias. Para ello resulta fundamental interrogarse hasta dónde el concepto de “demanda insatisfecha” debe seguir constreñido a la inexistencia de cupos en una zona determinada, cuando lo razonable debería ser que si a las familias no les satisfacen los establecimientos actualmente disponibles ello también se considere como una causal de demanda no satisfecha por el sistema.