Bloqueo ilegal del puerto de Coronel

Más de 40 días de paralización lleva el puerto de Coronel, Región del Biobío, producto del bloqueo del que está siendo objeto por parte de un grupo de trabajadores, quienes mediante acciones violentas impiden completamente el acceso a dicho terminal.

Lo extenso de esta paralización ya ha provocado pérdidas que superan los US$ 75 millones para la región, de acuerdo con lo informado por el Seremi de Economía. La situación ha provocado un grave trastorno en diversas actividades productivas de la región -especialmente para el sector forestal, donde hay embarques demorados por más de US$ 200 millones-, donde ha sido necesario desviar cargas por otros puertos, aumentando con ello los costos así como también generando graves demoras en los procesos de embarque, lo que sobre todo ha golpeado a las empresas más pequeñas. Diversos gremios de la región han hecho ver la gravedad de que esta movilización esté ocurriendo fuera de la ley -sin enmarcarse en una negociación colectiva reglada- y obstaculizando el puerto mediante actos de violencia, reprochando a las autoridades su inacción y pasividad frente a estos hechos.

Hay distintos aspectos que confluyen en el origen de este conflicto. Uno de los aspectos más llamativos es que un sector de los trabajadores resiente la política de testeo de drogas y alcohol que implementó la empresa, acusando entre otros aspectos que conllevaría sanciones desproporcionadas y hostigamiento. La empresa defiende esta política por la necesidad de asegurar condiciones de operación seguras en el puerto. Pero el punto más álgido parece estar en los cambios que la empresa pretende introducir en aumento de productividad y recorte de turnos, donde uno de los aspectos que busca cambiar es que los sindicatos dejen de designar a los trabajadores eventuales que realizan los turnos.

Más allá de cómo las partes resuelvan estas divergencias, es evidente que el bloqueo ilegal del puerto y además por vías violentas sienta un precedente muy negativo para el país. Si bien la autoridad regional ha estado buscando mediar en este conflicto, es claro que su primer deber es asegurar el cumplimiento del orden público y actuar frente a actos de violencia -en distintas oportunidades se han apedreado buses de trabajadores o amenazas de quemarlos, entre otros actos vandálicos-, decisión que inexplicablemente ha sido dilatada por parte de la delegada presidencial, tal de asegurar el libre tránsito por el puerto e impedir amedrentamientos al personal. Extraña, por lo mismo, que ni los ministerios de Transporte y Economía alerten de los efectos de esta paralización.

Esta forma de actuar de la autoridad envía una señal muy contradictoria, desvirtuando lo que el propio gobierno ha definido como objetivos centrales de su quehacer, esto es, asegurar el imperio del Estado de Derecho y poner el acento en el crecimiento económico. En la medida que se tolera actos que son totalmente contrarios a la ley se fomenta su ocurrencia, algo que en el caso portuario se ha vuelto recurrente, donde son varios los ejemplos de bloqueos a terminales mediante el uso de la fuerza.