La bochornosa escena de cientos de personas agolpadas en los municipios para intentar obtener su permiso de circulación -una situación de alto riesgo, considerando la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país- constituye un caso paradigmático de lo que ocurre cuando los distintos estamentos del Estado son incapaces de coordinarse adecuadamente a fin de anticipar problemas y procurar soluciones eficientes.
Desatada ya la pandemia a comienzos de marzo, los municipios así como el gobierno debieron haber previsto medidas para evitar las típicas aglomeraciones que se producen conforme se aproxima la fecha límite para el pago del permiso de circulación, el último día del mes de marzo. Un proyecto de ley presentando por un grupo de diputados a mediados de mes buscaba facultar al consejo municipal para aplazar la fecha tope, lo que fue aprobado en sala pero luego rechazado en el Senado por considerarlo inadmisible, pues se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Finalmente, el Congreso despachó un proyecto -fruto de un acuerdo en comisión mixta- en que si bien no se posterga la fecha límite, se exime de infracción -hasta el 30 de junio- a quien sea sorprendido circulando sin el permiso al día, pero no se previó que igualmente se generarían intereses y reajustes, así como la imposibilidad de pagar en dos cuotas para quienes hicieran el trámite con posterioridad al 31 de marzo. Ello habla de una evidente desprolijidad legislativa en el diseño de la solución propuesta, la que obviamente no generó ningún incentivo para que las personas aplazaran el pago.
Sin perjuicio que alertado de esta situación el Presidente de la República envió prontamente un veto sustitutivo para corregir estos aspectos en el proyecto -el que ya fue aprobado por el Congreso-, es evidente que el Ejecutivo también careció de visión y se sumó muy tarde a una solución. El gobierno fue reticente a patrocinar inicialmente el proyecto, tanto por estimar que no hubo tiempo para una discusión más a fondo de sus efectos, como por el hecho de que una medida así beneficiaría a sectores más acomodados. Pudiendo ser atendibles estas observaciones, faltó agudeza para dimensionar que lo prioritario en esta ocasión era evitar a toda costa aglomeraciones.
Los municipios, aun cuando alertaron sobre las inconsistencias que contenía el proyecto de ley, incurrieron en conductas irresponsables al conminar a la gente a pagar el permiso antes del 31 de marzo para así evitar los reajustes e intereses, lo que claramente también incidió en la masiva concurrencia de automovilistas.
Este episodio resulta aleccionador sobre las consecuencias que trae la falta de prolijidad y coordinación entre los distintos estamentos del Estado, donde errores de esta naturaleza pueden tener efectos potencialmente muy graves en cuadros como los que vive el país. Algo similar se ha visto con motivo de la dictación de cuarentenas en la capital, donde largas filas de personas intentando obtener clave única -que resultó no ser necesaria- o agolpándose en supermercados son evidencia de falencias en la comunicación a la ciudadanía y la falta de previsión para evitar situaciones de riesgo, lo que debe ser corregido.
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