Cambio en puntajes nacionales

PSU

La modificación anunciada por la autoridad parece responder al afán de ocultar los indicadores que constatan las desigualdades en los aprendizajes, antes que poner el acento en abordar los múltiples problemas que arrastra el sistema educacional.



Tras un primer anuncio de que con la implementación de la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se eliminarían los puntajes nacionales, la Subsecretaría del ramo salió a aclarar que en realidad estos solo dejarán de comunicarse, para ser reemplazados por una nueva forma de distinción que tendrá por objeto introducir una forma diferente de mérito, que reconozca la trayectoria educativa del estudiante; se indicó que se hará un cruce donde la puntuación ya no es el eje, sino que dicha puntuación se contextualizará. Aunque no se ha precisado la fórmula para hacerlo, ha trascendido que se considerará el género, pertenencia a pueblos indígenas, situación de discapacidad o territorio de origen, entre otros.

Si bien con este cambio las instituciones de educación superior seguirán teniendo autonomía para seleccionar a sus alumnos basándose en el puntaje puro, el cambio propuesto rememora la discusión que ya vivió el país hace unos años y que llevó a dar término a la selección académica en el sistema escolar, así como la posibilidad de que las escuelas y liceos que reciben recursos públicos seleccionen a sus estudiantes en función de los criterios que estos consideran idóneos dado su proyecto educativo, o las reticencias a aplicar determinadas pruebas de mediciones, como el Simce.

En la última década el sistema escolar ha sido objeto de múltiples disputas ajenas a lo estrictamente educativo, que han relativizado el valor de la responsabilidad y el buen rendimiento académico. Asimismo, se ha invisibilizado la sala de clases, que es donde paradojalmente se producen los cambios. Tras años de tener que adaptarse a reformas que les han impuesto nuevas y extensas burocracias, las escuelas se han visto alejadas de su quehacer central, que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente tal. En ese contexto, el volver a imponer un debate que las desvía de su principal propósito es a lo menos cuestionable. Asimismo, cabe preguntarse si, considerando el dificultoso momento en que se encuentra el sistema educativo debido a la pandemia y a la urgencia de recuperar los aprendizajes perdidos durante este tiempo, será conveniente desenterrar un debate cuyo trasfondo es ideológico.

Existe amplio consenso en la necesidad de contar con mecanismos que permitan apoyar a los estudiantes que vienen de condiciones menos favorables; es así como ya existen beneficios y programas que buscan promover un mayor acceso de ellos a la educación superior. Lo cuestionable es que ello se pretenda hacer mediante la distorsión del puntaje máximo, que constituye un parámetro objetivo cuyo reconocimiento no impide a su vez poder distinguir a quienes lo alcanzan proviniendo de un contexto más dificultoso.

Es por todo lo anterior que parece más conveniente que desde la cartera de Educación se observaran esfuerzos por enfrentar la crisis que se ha producido en el sistema producto de la pandemia, buscando reducir las desigualdades en los aprendizajes, en lugar de introducir arbitrariedad o pretender ocultar los indicadores que tan solo las constatan, y que constituyen parámetros a partir de los cuales las familias orientan sus decisiones en materia educacional.

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