Campañas presidenciales y ajuste fiscal

La delicada situación fiscal que enfrenta el país se acaba de instalar en el debate presidencial de la mano de dos candidatos del mundo de la derecha. Evelyn Matthei, abanderada de la UDI y Renovación Nacional, propuso un recorte de gasto de US$ 3 mil millones durante la actual administración y un ajuste adicional de US$ 6 mil millones en su eventual mandato. Como ejemplo, recordó su gestión en Providencia, donde luego de tres meses de revisión exhaustiva, eliminó gastos innecesarios, lo que permitió aumentar la inversión en áreas verdes, plazas y luminarias. “En vez de estar contratando amigotes... esto se puede hacer. Al principio es difícil, todo el mundo se opone, pero después realmente el país despega y Chile vuelve a ser el país que todos soñamos”, afirmó.

Por su parte, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ha señalado que, más que preocuparse, hay que ocuparse. “Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar, el liderazgo no existe. Hace cuatro meses los republicanos propusimos rebajar el presupuesto en US$ 5 mil millones. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron disponibles y votaron con el gobierno para aumentar el presupuesto”.

Las preocupaciones por la salud fiscal del país no son infundadas, pues la situación efectivamente se ha tornado muy compleja. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) calificó como preocupante el déficit del balance estructural (BE) en 2024, que alcanzó un 3,2% del PIB, superando en 1,3 puntos la meta de -1,9% establecida. Esta desviación genera inquietud por tres razones: en primer lugar, el desvío es considerablemente superior al promedio histórico en años sin crisis, lo que intensifica el estrés fiscal que el Consejo ha venido advirtiendo. En segundo lugar, esta brecha dificulta alcanzar un BE de equilibrio, fundamental para mantener la deuda pública por debajo del umbral prudente del 45% del PIB y, a largo plazo, reconstruir ahorros fiscales como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), vitales para enfrentar futuras crisis. Por último, este incumplimiento amenaza con erosionar la credibilidad de la regla fiscal, al sembrar dudas sobre el compromiso y la capacidad del gobierno para cumplir sus metas fiscales. De allí que el Consejo propusiera preliminarmente al Ministerio de Hacienda un recorte de gasto para este año del orden de US$ 1.500 millones, adicional a los más de US$ 600 millones que ya fueron comprometidos en 2024.

Si bien es valioso que este debate haya sido instalado tempranamente en la esfera pública -no cabe duda de que todas las candidaturas deberían tener el aspecto fiscal como una de sus preocupaciones centrales-, no resulta responsable que ambos candidatos propongan cuantiosos ajustes de gasto sin detallar qué programas se verían afectados, cómo planean implementar estos cambios que requieren aprobación parlamentaria o por qué priorizan ciertas áreas sobre otras. Prometer sin medidas concretas crea ilusiones en los electores que, al no cumplirse, generan frustración y a la larga profundizan la desconfianza ciudadana en la política.

Se trata, además, de un área donde concretar ajustes de gran profundidad se ha enfrentado con muchas resistencias. La realidad es que el gasto público ha aumentado de manera sistemática en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. En 1990 representaba un 18% del PIB, mientras que al cierre de 2024 alcanzó 24,8% del PIB. Una muestra clara de esta tendencia es que, desde la crisis financiera de 2009, Chile ha arrastrado un déficit fiscal que ningún gobierno ha logrado eliminar por completo. Como consecuencia, la deuda pública del Estado ha crecido significativamente, superando el 40% del PIB, partiendo prácticamente desde cero en 2008.

Ningún gobierno ha logrado implementar una rebaja sistemática del gasto público durante su mandato, a pesar de las promesas realizadas en campaña. La razón principal es que se trata de un desafío altamente complejo. La política enfrenta una fuerte resistencia a recortar programas que benefician a sus electores, así como a afectar las condiciones de los funcionarios públicos, quienes tienen contacto directo con la ciudadanía y pueden convertirse en una amenaza para la reelección de las autoridades. Por ejemplo, en los últimos años los intentos de fusionar ministerios han sido rechazados incluso antes de llegar al Congreso, y las propuestas para cerrar servicios públicos no han prosperado. Además, los recortes en el empleo público enfrentan importantes obstáculos debido a la burocracia y a la ambigua interpretación de la confianza legítima, que en la mayoría de los casos obliga a reintegrar a los funcionarios desvinculados. A esto se suman paros ilegales, como los observados en los sectores de educación y salud, que terminan frustrando cualquier intento de reforma profunda al empleo público.

Los candidatos deben avanzar hacia propuestas fiscales responsables, detallando qué programas ajustarán, en lugar de empezar a instalar una estéril dinámica de quién promete el mayor recorte de gasto sin explicar cómo lo concretarán.

Con todo, es necesario asumir que, independientemente de la coalición que asuma el poder, todas enfrentarán las mismas restricciones fiscales y la resistencia de los incumbentes al momento de implementar ajustes. De allí que uno de los grandes aportes que se podrían concretar en la campaña electoral es que las distintas fuerzas concuerden desde ya ciertos mínimos comunes, no solo para intentar cumplir este año con las metas que ha propuesto el Consejo Fiscal Autónomo, sino porque en los años venideros habrá que hacer esfuerzos igualmente exigentes.