Candidaturas para nuevo fiscal nacional

Fueron 17 los abogados que se presentaron para ocupar el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público, y la Corte Suprema, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, ha elegido a los cinco candidatos que se presentarán al Presidente de la República, quien deberá escoger el nombre que luego habrá de ser refrendado por el Senado.

Había expectación por quienes serían los nominados, considerando que el Ministerio Público ha estado cruzado por una serie de polémicas internas y cuestionamientos por sus criterios para enfrentar la persecución penal. La gestión del saliente fiscal nacional, Jorge Abbott -quien debió dejar el cargo un año antes de terminar su periodo de ocho años, por haber cumplido el límite de edad de 75 años- estuvo marcada desde un comienzo por las suspicacias de falta de parcialidad para tratar los casos de financiamiento irregular de la política -incluso Abbott fue objeto de una petición de destitución por parte de un grupo de parlamentarios, luego de que pidiera “más celeridad” a los persecutores en casos que involucren a parlamentarios, lo que fue desestimado por la Corte Suprema-, y en el último tiempo también ha sido evidente que el incremento de la inseguridad frente a la delincuencia ha desgastado la imagen de la entidad.

No hay duda de que quien asuma el cargo de fiscal nacional tendrá la ineludible y difícil tarea de recuperar los niveles de confianza social que una institución tan clave como esta demanda, lo que supone una gestión que debe estar focalizada en enfrentar aquellos aspectos que han llevado a este desgaste. En diversos estudios de opinión la Fiscalía aparece con bajos niveles de aprobación -un mal que aqueja a varias de las instituciones más relevantes del país-, lo que no es saludable y es un claro indicativo de los desafíos que vienen para este nuevo período.

Es claro que no son tiempos para un fiscal nacional que más bien sea espectador y en cambio resulta nítido que quien asuma deberá hacerlo con un perfil muy proactivo para hacerse cargo de combatir los múltiples tipos de delitos que han proliferado en el último tiempo, teniendo además presente que el mandato constitucional releva la necesaria protección que se debe brindar a las víctimas y testigos.

En tal sentido, en la nominación que ha hecho la Corte Suprema se han entregado algunas señales que resultan interesantes. Las tres primeras mayorías expusieron en sus respectivas presentaciones caminos de acción que de algún modo recogen estas inquietudes y formulan autocríticas. Así, se hizo mención, por ejemplo, sobre el alarmante aumento en el número de homicidios y su probable vinculación con la proliferación del crimen organizado; la implementación de unidades antidroga, o tener mejores estructuras para enfrentar la violencia que prolifera sin control en la Macrozona Sur, todas propuestas que parecen ir en sintonía con lo que actualmente se requiere.

Los criterios con que hoy se archivan causas que afectan directamente a los ciudadanos -es habitual que situaciones así ocurran en casos como robos en viviendas, donde no siempre hay imputado conocido- también debe necesariamente ser revisado si es que se quiere recuperar la confianza ciudadana.