Carabineros: 93 años y los que vienen

“Nunca antes había visto expresiones de tan profundo odio hacia Carabineros”, aseguró el General Rozas en vísperas del aniversario número 93 de su institución. Tiene razón. Durante los últimos 30 años gozaron de tal aprobación ciudadana, que incluso les llamaron “la mejor policía de Latinoamérica”. Pero esos tiempos pasaron y tal como el General no había sido testigo de ese odio, la ciudadanía tampoco había presenciado en democracia, los niveles de brutalidad policial vistos desde octubre del 2019 y menos, de forma tan reiterada, corrupción y escándalos procedimentales.

Mientras hace un par de años los niños se disfrazaban de carabinero para saludarlos en su día, ahora vemos menores tapándose un ojo cuando están frente a uno de ellos. Si no fuera por la pandemia que se transformó en un tanque de oxígeno, la institución enfrentaría su aniversario ahogada en polémicas y un alarmante cuestionamiento público.

Solo seis días después de la llegada del virus al país, se conocía el video del brutal abuso del que fue víctima Patricio Bao, de 69 años, en el marco de la marcha del 8M. Cinco días después, Gustavo Gatica caminaba por la Plaza de la Dignidad tras haber quedado ciego por el impacto de un perdigón durante las manifestaciones. Lo sucedido a ellos y a cientos de víctimas de abusos y brutalidad, como Fabiola Campillai, nos obligaron a proponer que la reforma ya no era suficiente. Por un lado, Carabineros necesitaba ser intervenido civilmente para frenar la incapacidad de actuar sin salirse del marco del respeto de los DD.HH. y volver a cumplir con sus tareas de prevención y control. Mientras por otro, el Gobierno debía poner fin a su incapacidad política de gobernar a la policía.

Pero en este paréntesis, los niveles de aprobación de Carabineros han vuelto a subir. La misma encuesta Cadem que en febrero daba cuenta de la cifra más baja registrada en aprobación (34%), en el mes de abril mostraba un aumento llegando al 49%. Esta alza no es resultado de un cambio ni de una mejora, sino parte de un fenómeno generalizado del que se ha visto incluso beneficiado el Gobierno. Pero al ser un paréntesis, este va a terminar, y ante el inevitable aumento en la desigualdad, la pobreza y la desolación en la que vivirán miles de chilenos en los próximos meses, un nuevo estallido social de mayor magnitud será inevitable. Ahí, los mismos Carabineros volverán a estar presente con el mismo método con el que generaron más violencia en vez de contenerla.

Nuestro objetivo debe ser aprovechar esta crisis para mejorar y no para un borrón y cuenta nueva. Este aniversario debe ser el inicio de acciones que permitan recuperar una institución tan fundamental para nuestra democracia como es Carabineros. Para lograrlo existen dos caminos paralelos.

El primero es inmediato y depende del liderazgo del Ministerio del Interior. Carabineros no se manda solo. Esta cartera es la responsable de la institución y la seguridad pública, junto con ser el lugar desde donde debe venir el diseño, las órdenes y el velar por su ejecución. No podemos esperar a cambios generacionales, consultorías internacionales o millonarias asesorías autocomplacientes de las universidades y centros de estudios amigos del gobierno para dar inicio a un cambio en la forma que las policías se relacionan con la ciudadanía. Asimismo, las policías no pueden seguir siendo usadas como frontera de control social barriendo el delito de unas comunas a otras, resultado de incentivos de evaluación centrados solo en cifras. El sistema genera que los mejores carabineros no estén donde generan mayor valor social y la seguridad quede reservada para unos pocos. Estas problemáticas de práctica, eficiencia y despliegue perfectamente pueden ser corregidas con voluntad y coraje político ahora. La integridad de las personas, la igualdad y el respeto de derechos no pueden esperar una reforma.

El segundo camino, tiene que ver con la reforma anunciada por el Gobierno tras la fuerte presión de académicos, expertos y actores políticos. Es imprescindible para este proceso que la participación de expertos sea formal y no cosmética. Esto se debe principalmente a que los cambios necesarios inevitablemente generarán gran resistencia interna. Por ejemplo, el eliminar su actual definición como policía militar para pasar hacia una democrática que ponga al centro de su misión el bienestar ciudadano y ayude a resolver conflictos. Acto seguido, debe dar nacimiento a espacios de control y transparencia como un monitor independiente de la práctica policial. Además, avanzar en reformar protocolos, terminar con la justicia militar, abrir evaluaciones y re pensar la forma en que tienen contacto con la ciudadanía. Estas y muchas otras propuestas están contenidas en diferentes documentos publicados por instituciones como Chile 21 y la comisión independiente para la reforma policial.

La oportunidad es enorme. Si el Gobierno está comprometido con estos cambios debe enviar señales inmediatas de liderazgo y hacer de la reforma un proceso inclusivo, transparente y transformador. Prácticas como la presión política para lograr su agenda legislativa de seguridad en el Congreso deben quedar en pausa. No nos queda otra opción que transformar este aniversario en una oportunidad para avanzar hacia la policía democrática que Chile merece y necesita, pero por sobre todo que resguarde los DD.HH., promueva la igualdad y cuente con legitimidad ciudadana.