¿Cárceles bajo control?
Cunden las señales de que para el Estado se está tornando cada vez más difícil poder mantener el adecuado control al interior de las cárceles, lo que exige tomar medidas a tiempo.
El hecho de que un recluso del Complejo Penitenciario Biobío apareciera decapitado -un hecho que habría sido cometido por su compañero de celda, quien aparentemente padece trastornos mentales- ha encendido justificadas alertas respecto de la situación que se vive al interior de las cárceles chilenas, donde las situaciones de violencia -ya sea de reos que amedrentan a la propia población penal, o de amenazas al personal de Gendarmería- se han tornado recurrentes, a lo que se añade la realización de prácticas ilícitas, como el tráfico de droga o la internación de elementos prohibidos, como los teléfonos móviles.
Los hechos que han sacudido al penal del Biobío contrastan con los dichos del ministro de Justicia, quien solo hace unos días había asegurado que Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles a nivel nacional. El ministro hacía referencia a que a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde peligrosos reos controlan la actividad interna de los penales, en Chile situaciones de ese tipo no ocurren. Si bien la evidencia sugiere que efectivamente aún no se ha llegado a situaciones tan extremas como esas, es un hecho que en la medida que nuestras cárceles están cada vez más sobrepobladas -actualmente el índice de uso de capacidad se empina al 135%-, sumado a una población penal que aumenta considerablemente cada año -actualmente del orden de 60 mil personas están privadas de libertad- y un perfil cada vez más violento de los condenados -sobre todo de la mano del crimen organizado-, la posibilidad de mantener un control efectivo sobre las cárceles se va haciendo cada vez más difícil de mantener.
Si bien por sus características el asesinato ocurrido en el recinto penal del Biobío es del todo inusual, los homicidios al interior de las cárceles distan de ser un hecho excepcional. En 2023 se registraron 35 casos, mientras que si las estadísticas se toman a partir de 2019, los casos suman más de 200, lo que en sí representa un registro preocupante.
Las condiciones de sobrepoblación o hacinamiento también facilitan que las bandas que se han constituido al interior de las cárceles -los registros de Gendarmería contabilizan más de 1.200- puedan operar con relativa facilidad. Solo el año pasado se pudieron incautar más de 24 mil teléfonos celulares, y aunque una parte importante son lanzados desde el exterior -mediante hábiles “peloteros”-, otro tanto es ingresado por abogados, visitantes o a través de gendarmes que han sido reclutados por dichas bandas, facilitando además el ingreso de droga cuyo valor al interior de las cárceles alcanza valores exorbitantes.
Y aunque los motines logran ser controlados, no puede pasarse por alto que en junio tuvo lugar un grave amotinamiento en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago, donde integrantes o cabecillas de peligrosos carteles internacionales -como Los Pulpos o Los Gallegos- lograron poner en jaque la seguridad del recinto, protagonizado graves destrozos.
Asegurar el total control del Estado al interior de las cárceles debe ser una tarea prioritaria de la autoridad, no solo porque es su obligación mantener la integridad de la población penal -cuyo castigo es la privación de libertad, lo que en ningún caso se puede traducir en la vulneración de otros derechos-, sino porque también es una dimensión fundamental para asegurar el adecuado combate al delito. De no tomarse medidas a tiempo, la posibilidad de que en algún momento la situación se salga de control es plenamente factible.
