“Caso Crispi”: Inexplicable estrategia de La Moneda

Luego de varios días de intensa polémica, el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, accedió finalmente a concurrir a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga millonarias irregularidades en torno a fundaciones, luego de que el funcionario se negara en dos oportunidades a asistir. El caso ha abierto un inesperado flanco político para La Moneda, pues el inusitado blindaje que se había desplegado para justificar su no comparecencia no sólo estaba ocasionando duros roces con la oposición, sino que además enviaba una inconveniente señal al país, al dar la impresión de que con este tipo de maniobras se pretendía escabullir la instancia fiscalizadora, despertando con ello inconvenientes conjeturas.

Hay un evidente interés en que Crispi concurra a dar su versión de los hechos, ya que en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional validó a la fundación Procultura para ser objeto de un cuantioso convenio, el que ahora están bajo investigación judicial. Pero también hay un legítimo interés de los parlamentarios por despejar en qué momento el ahora jefe de asesores se enteró de las irregularidades en Antofagasta, atendidas las versiones contrapuestas que han circulado.

Desde La Moneda primeramente se sostuvo la tesis de que por tratarse de un funcionario a honorarios, Crispi no tiene la condición de funcionario público y por tanto no está obligado a concurrir a la comisión investigadora. Pero luego el ministro de Justicia avanzó otra tesis, señalado que “tenemos que distinguir si hay obligación de comparecencia o no, y si hay obligación de comparecencia, respecto de qué asuntos en el caso de asesor de una presidencia está obligado por ley a prestar testimonios, y en qué casos por razones de lo que se discute en la Presidencia no está obligado a prestar declaraciones”.

Parlamentarios de oposición habían oficiado al contralor para que éste iniciara un procedimiento sancionatorio, cuestión que fue atendida por el contralor, quien ayer había dado un plazo de cinco días hábiles para que el jefe de asesores explicara fundadamente las razones para no asistir. Pero también hizo una afirmación que resultó fundamental, al recordar que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo”.

Si bien el caso parece ir despejándose, resulta inexplicable que La Moneda haya buscado escudarse en enrevesadas tesis para justificar el actuar de Crispi. Es evidente que cuando el propio Presidente de la República ha calificado lo relativo a los líos de platas -especialmente el caso de Antofagasta- como un caso de corrupción, y la ciudadanía ha sido duramente golpeada por los millonarios montos que habrían sido defraudados a lo largo del país -varios de estos episodios han sido de hecho protagonizados por militantes de partidos oficialistas-, la actitud elemental que se esperaría del gobierno es su plena colaboración con las instancias a cargo de investigar los hechos, sin esperar que sean obligados para cumplir con este deber.

Al final Crispi y La Moneda se vieron obligados a modificar su estrategia, pero ello no cambia el hecho de que fue un grave paso en falso haber recurrido a toda esta dilación para haber llegado a lo que debió haber ocurrido desde un primer momento, y que conllevará altos costos políticos. Con todo, cabe esperar que el hecho de haber accedido a concurrir en su calidad de exsubsecretario no implique escabullir aspectos que son importantes de dilucidar.