Caso Fundaciones: el sinceramiento de que hay corrupción

Después de varias semanas en que el país ha sido golpeado por el llamado “Caso Fundaciones” -donde actualmente más de 30 organizaciones repartidas en once regiones son investigadas por el Ministerio Público-, por estos días tanto el Presidente de la República como el contralor han reconocido que hay casos de corrupción. Se trata de un giro muy significativo en la forma de aproximarse al problema, considerando que hasta aquí tanto La Moneda como el ente contralor habían evitado utilizar esta calificación. El hecho de que se hable de corrupción sin esperar el resultado de las investigaciones sugiere que los antecedentes de que ya se dispone son los suficientemente contundentes para formarse esa convicción. Este sinceramiento no solo resulta clarificador ante la ciudadanía, sino que ahora corresponde hacerse cargo de las implicancias que esto tiene, que por cierto pueden llegar a ser muy complejas.

Hay un primer efecto para el propio gobierno, considerando que en buena parte de los casos denunciados fueron militantes de partidos que integran la coalición gobernante quienes orquestaron mecanismos para utilizar en su propio provecho recursos públicos. Por de pronto, es manifiesto que se ha producido el derrumbe de un discurso de superioridad moral que fue enarbolado como un factor distintivo en la política, con particular descrédito para Revolución Democrática, tienda a la que pertenecen varios de quienes aparecen involucrados en los escándalos.

Hasta el momento, el gobierno se ha visto en la necesidad de remover a tres seremis y dos subsecretarias, pero en la medida que las investigaciones están recién partiendo, es prematuro afirmar que la responsabilidad administrativa ya está contenida. Los insistentes pedidos desde la oposición para que se haga efectiva la responsabilidad política a determinados ministros, o las fuertes escaramuzas que se han escuchado estos últimos días al interior del propio oficialismo -especialmente de ciertas figuras del PS, que han hecho pública su desafección con el gobierno en forma a veces descarnada- es indicativo de que escándalos de este tipo tienen el potencial de generar crisis políticas. Ilustrativo de ello es el caso MOP-Gate, que obligó a una salida política a gran escala en 2003.

Pero desde luego es el país como conjunto el que se ve especialmente dañado cuando la corrupción se ramifica. A pesar de que conforme con el ranking elaborado por Transparencia Internacional Chile sigue siendo uno de los países menos corruptos de la región -solo superado por Uruguay-, la misma medición indica que nuestro país se ha estancado en los últimos cinco años en el combate contra este flagelo. El que estos casos relacionados con las fundaciones hayan podido florecer masivamente y con tanta facilidad -gracias a lo que parece ser un mecanismo donde determinadas autoridades facilitan la entrega de cuantiosos recursos a fundaciones integradas por personas afines, muchas veces sin siquiera contar con un mínimo de experiencia-, revela no solo serias falencias en la capacidad del Estado para controlar la forma como utiliza sus propios recursos, sino también un preocupante relajamiento en los estándares de probidad.

Más allá de que las instituciones hayan reaccionado y se encuentren ahora investigando exhaustivamente, estos episodios constituyen un claro retroceso, y lamentablemente ubican al país un poco más cerca de aquellas realidades regionales que justamente queremos evitar. Decidor es que de acuerdo con la última encuesta CEP, la corrupción haya experimentado un salto estadístico significativo a la hora de preguntar a la ciudadanía cuáles son los problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar. Fácil es advertir que si los partidos políticos y el Congreso ya están fuertemente desprestigiados ante la opinión pública, casos como estos desfondan aún más nuestro sistema político, una muy mala noticia para la salud de la democracia.

Es urgente comenzar a focalizarse en las soluciones. A mediados de agosto, la comisión de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones, designada por el Presidente Boric, debería entregar su informe. Ello debería constituir un punto de partida para actualizar la legislación, pero dichos esfuerzos serán muy limitados si es que ello no viene acompañado de auténticos compromisos de todos los sectores por alejarse de prácticas que hagan mal uso de los recursos públicos y faciliten los casos de corrupción.