Caso isapres: el gobierno pone en jaque al sistema de salud

El caso de las isapres está mostrando hasta dónde el actual gobierno está empeñado en hacer prevalecer la acción del Estado sobre la del sector privado, aunque aquello sea en contra de los intereses del país y la ciudadanía. Esto es evidente cuando hace pocos días el Ejecutivo presentó sus indicaciones a la “ley corta” de isapres que había ingresado hace un tiempo, donde desechó propuestas clave formuladas por el comité técnico convocado por la Comisión de Salud del Senado, poniendo en serio riesgo el futuro del sistema.

Dicho comité, integrado por 16 exautoridades y expertos de todos los sectores políticos, entregó un informe que fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, donde considerando una serie de variables acerca del funcionamiento de la industria, como la mutualización, fijaban el monto de lo adeudado por las isapres en US$ 451 millones -ello en virtud del fallo dictado por la Tercera Sala de la Corte Suprema en que ordenó aplicar una sola tabla de factores de riesgo y devolver a los usuarios cualquier diferencia a su favor-, muy distante de los US$ 1.400 millones estimados según la metodología empleada por el gobierno. La cifra, a juicio de los expertos, cumple con las indicaciones del fallo de la justicia y permite la subsistencia del sistema de salud privado.

En paralelo, otro informe, esta vez elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, siguiendo una metodología alternativa, determinó que el monto que se habría cobrado en exceso por las entidades de salud privada sería de US$ 491 millones. En este caso, sus autores van más lejos y describen un error evidente del fallo de la Corte Suprema al analizar la tabla de factores utilizada por las isapres, el cual, a su juicio, el gobierno no se encarga de corregir.

Pues bien, el Ejecutivo, desestimando ambos informes, ingresó indicaciones que significan un desembolso para las isapres de US$ 1.000 millones, lo cual desató “opiniones de sorpresa, desazón e incluso molestia de todos los sectores, hasta del propio comité técnico”, según manifestó el propio presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS).

Más allá de los argumentos técnicos, es claro que estamos frente a un problema político. El gobierno, siguiendo su ideología, donde el Estado debe prevalecer sobre lo privado, ha preferido buscar una fórmula que pone en serio riesgo o simplemente deja en insolvencia al sistema de salud privado. Y para ello no ha dudado en dejar fuera las opiniones de los expertos de la salud, aunque ellos sean representantes de las distintas corrientes políticas.

Se trata de una situación grave. En palabras de académicos de la Universidad de Chile, las indicaciones a la “ley corta” por parte del Ejecutivo no sólo excluyen la mutualización que propuso el comité de expertos, sino que tampoco corrigen el ajuste al precio base que propone el informe de esa casa de estudio, “acrecentando innecesariamente el peligro de una crisis sanitaria en el sector, transfiriendo a la población un mayor riesgo en salud que, dada la actual precariedad del sistema público, puede impactar en la vida misma de las personas vulnerables”.

Para entender la situación en su contexto, hay que pensar que hoy el sistema de isapres atiende a cerca de tres millones de personas, y en caso de un colapso de las aseguradoras previsiblemente se produciría una peligrosa saturación del sistema público, el que ya está totalmente superado. Las cifras hablan claro al respecto. Las listas de espera son las más altas de los últimos años; los tratamientos postergados aumentaron un 43% en doce meses y de ellos la mitad son de enfermos con cáncer, es decir, pacientes que están en grave riesgo. Y dado el actual colapso del Fonasa, los derivados al sistema privado crecieron en un 210% en el último año.

Por eso llama la atención la irresponsabilidad del gobierno frente al tema. Porque acá no se trata de salvar o hacer un perdonazo a las isapres, como han dicho algunos: se trata simplemente de hacer las cosas bien. Y cuando el gobierno desecha los planteamientos técnicos serios, entonces queda en evidencia que lo que está primando es la ideología, algo que en el sector de la salud es grave porque se está afectando el bienestar de las personas.

La única solución que ahora queda es que el proyecto presentado por el Ejecutivo sea rechazado en el Senado, algo que es probable que suceda dadas las críticas que ha recibido la iniciativa, y considerando además que fue una comisión de la propia Cámara Alta la que convocó al grupo de expertos. Pero si bien ésta podría ser una salida que fuerce nuevas negociaciones, hay que entender que el tiempo corre en contra y cada día que pasa hace más vulnerable al sector privado de la salud, que lleva mucho tiempo sumido en la incertidumbre.

Acá no sólo está en juego qué tipo de sistema de salud tendremos -mixto o público-, sino su funcionamiento como un todo, algo que hace menos comprensible la actitud del gobierno.