Caso Monsalve: una nueva crisis para La Moneda

El caso que afecta al ahora exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -quien tuvo que renunciar el jueves luego de trascender que se había abierto una causa penal en su contra, acusado de haber violado a una funcionaria del ministerio- ciertamente que ha constituido un golpe durísimo para La Moneda. Además de lo que implica la eventual comisión de un delito tan grave como éste, con todas las consecuencias que ello conlleva para la presunta víctima, en lo político sus repercusiones están afectando severamente al gobierno, al punto de que va camino a transformarse en una de sus peores crisis, desnudando una cadena de fallas que han amplificado las esquirlas del caso, además de abrir aristas muy complejas que deben ser despejadas con prontitud y total transparencia frente al país.

Desde luego resulta inexplicable cómo frente a un caso de esta gravedad La Moneda tardó casi 48 horas en hacer efectiva la renuncia de Monsalve, consintiendo en que pudiera seguir ejerciendo sus funciones a pesar de que ya en la tarde del martes la ministra del Interior tuvo conocimiento de la denuncia penal -fue alertada por el director de la PDI-, informó de ello al Mandatario y ese mismo día en la noche Monsalve se reunió con el Jefe de Estado, donde se trató el caso. El hecho de que Monsalve haya asistido el mismo jueves a una comisión del Congreso para ver materias presupuestarias sólo da cuenta de la incapacidad de La Moneda para calibrar la gravedad de los hechos, creyendo que el caso se cerraría con la renuncia del subsecretario y la nominación de Luis Cordero como nuevo subsecretario del Interior y de Jaime Gajardo (PC) como ministro de Justicia.

Desde La Moneda se ha intentado transmitir la idea de que se actuó con toda celeridad para zanjar el caso Monsalve, pero a medida que se van conociendo los antecedentes tal predicamento se desmorona, denotando un preocupante grado de imprevisión. Según ha indicado el gobierno, a Monsalve se le dio un plazo de 24 horas para que pudiera viajar a la Región del Biobío y explicar los hechos a su familia. Este grado de consideración no resulta justificado en el ámbito de las funciones de Estado, porque más allá del problema personal que implica para Monsalve, el rol del gobierno es asegurar ante todo el buen funcionamiento de las instituciones, y claramente un funcionario denunciado por un hecho tan grave debió haber sido apartado de sus funciones de inmediato.

Se ha confirmado que Monsalve viajó en un vehículo institucional y se devolvió en un avión de Carabineros, un actuar que el nuevo subsecretario del Interior estimó plenamente ajustado a la legalidad, a pesar de que dicho viaje tenía propósitos personales, lo cual implicaría una indebida utilización de recursos públicos y una manifiesta falta de criterio.

En el caso de Monsalve no sólo se ha abierto la investigación por presunta violación, sino que además también se indaga una posible vulneración de su parte a la Ley de Inteligencia y eventual obstrucción a la justicia; esto luego de que reconociera que solicitó revisar las cámaras del hotel donde se alojaba con el fin de chequear el estado en que él y la presunta víctima llegaron al recinto, aduciendo que podrían haber estado bajo los efectos de algún químico -con un posible afán extorsivo, o de robo- que supuestamente les hizo perder la conciencia. Específicamente, lo solicitado por Monsalve fue un informe de inteligencia policial, el cual fue requerido a la PDI.

Resulta evidente que Monsalve abusó de sus facultades para instruir a la policía en una actuación que debería haber sido autorizada judicialmente. Este irresponsable actuar de Monsalve deja en un incómodo pie a la PDI, más allá de que el nuevo subsecretario del Interior ha respaldado el proceder de la PDI, indicando que el reporte de inteligencia policial fue requerido por una autoridad en el desempeño de su cargo, buscando diferenciar el actuar al interior de la Subsecretaría con esos fines, ahora bajo procedimiento disciplinario. Cabe desde luego preguntarse si la jefatura de la PDI fue informada de estas diligencias.

Aún más grave es que Monsalve haya terminado involucrando al propio Presidente de la República en el caso. El exfuncionario cometió la grave imprudencia de haberle confidenciado al Mandatario que había tenido acceso a las cámaras del hotel, algo que en su momento posiblemente no fue aquilatado por el Presidente, pero que ahora ha abierto la duda de si acaso el propio Jefe de Estado se ha hecho cómplice involuntario de una posible obstrucción a la justicia, pues debió haber reparado en la ilegalidad en la que había incurrido Monsalve y los efectos que ello podría tener para la investigación penal. La extensa conferencia de prensa -de casi una hora- que el Mandatario ofreció el viernes para referirse al caso Monsalve fue sin duda otro paso en falso, pues en vez de aclarar los aspectos del caso abrió nuevos flancos, un ejemplo más de la improvisación y la preocupante falta de cuidado del propio Presidente y de su equipo para no seguir exponiéndose en este caso.

Las esquirlas del caso también han terminado repercutiendo dentro del propio comité político, pues tanto la vocera de gobierno como la ministra de la Mujer resienten que no hayan sido informadas oportunamente de la situación de Monsalve, fruto del hermético manejo que Interior hizo de dicho caso.

Ciertamente hay mucho que despejar en el caso Monsalve, y no es claro cómo La Moneda logrará controlar los distintos frentes que se le han abierto producto de sus ineptitudes y las ominosas faltas del exsubsecretario. Pero es imposible no reparar en que la lentitud para tratar un caso tan grave que afecta a una funcionaria llama aún más la atención cuando se trata de un gobierno que se ha definido como feminista y ha sido implacable para denunciar comportamientos que dañan o afectan a las mujeres. Desde luego, no se ha aplicado el mismo estándar que se tuvo en el caso de otro subsecretario, Christian Larraín, que ante una denuncia de acoso fue de inmediato apartado de su cargo, bajo la figura de pérdida de confianza y sin siquiera esperar los resultados del sumario. Estamos sin duda frente a un nuevo caso aleccionador para el gobierno, donde la superioridad moral que tanto se enarboló como signo distintivo de la nueva generación que llegó al poder, vuelve a explotarles en la cara producto de sus reiteradas inconsistencias. Esto cuando menos debería servir como llamado de atención para abandonar los afanes de soberbia.