Caso Muñoz: un grave daño a la confianza ciudadana

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo el allanamiento del domicilio y las oficinas del entonces director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, en el marco de una investigación por la supuesta filtración al abogado Luis Hermosilla de información de causas que eran investigadas por el Ministerio Público, que por su naturaleza eran secretas -una de las cuales afectaba a su predecesor en el cargo, Héctor Espinosa, por malversación de fondos públicos y eventual lavado de dinero-. Una situación que derivó en su renuncia al cargo ese mismo día, además de su formalización y dictación de prisión preventiva el martes pasado.

Más allá de la presunción de inocencia que toda persona tiene garantizada en nuestro país durante el curso de una investigación penal hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, los antecedentes del caso son altamente preocupantes. No sólo afecta a quien dirigía una de las instituciones que contaban -de acuerdo a la última encuesta CEP- con mayor reconocimiento y confianza ciudadana tras un proceso llevado a cabo por años, que incluyó cambiar su imagen institucional, sino que, además, es el segundo director general sujeto a investigación en los últimos dos años. Todo ello redundará claramente en la percepción que la ciudadanía tenga de la PDI.

Por otra parte, lo ocurrido adquiere una especial significación en el contexto actual, donde la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas y garantizarla es una de las prioridades del gobierno. Basta ver la discusión existente sobre el rol que las fuerzas militares puedan jugar para hacer frente a la criminalidad y poder recuperar los espacios que se encuentran vedados a las actividades normales de los ciudadanos a causa de la acción delictual. Es fundamental para ello poder contar con instituciones del Estado robustas y absolutamente confiables.

Lo anterior hace especialmente grave el caso de la PDI, por tratarse de una entidad cuyo mandato, según su ley orgánica, es contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal, y controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional. Vale decir materias especialmente atingentes a las actuales preocupaciones ciudadanas.

Frente a ello es relevante preguntarse por el efecto que lo sucedido podría tener en la disposición ciudadana a colaborar con las investigaciones que no solo la PDI sino también Carabineros llevan adelante por encargo de la Fiscalía y a hacer las denuncias de actividades delictivas como tantas veces se solicita, especialmente en casos donde, por su relevancia, la confidencialidad es esencial para el éxito de las pesquisas, además de la seguridad de los intervinientes y la garantía de sus derechos. Es un daño potencial al sistema en su conjunto que requiere respuestas rápidas. Por ello, se agradece la celeridad con que se tomaron las últimas decisiones, y que haya quedado claro de que nadie está por sobre la ley. Se trata de una señal positiva. Lo mismo que las palabras del nuevo director general, señalando que “esas conductas no las aceptamos, ni las aceptaremos”.

Sin embargo, y para evitar que las palabras quedan solo en eso, es importante aprovechar la oportunidad para minimizar los espacios en que situaciones de este tipo se vuelvan a repetir. En ese sentido, la revisión del diseño de los protocolos de la institución debiera tener prioridad, especialmente los relativos a controles internos y manejo de la información. Pero, además, y dado lo sorprendentes que resultan las declaraciones del ex director general sobre la calificación que le da a los hechos y a la motivación de sus actuaciones, se debe revisar cómo fortalecer la formación de quienes desempeñan tan importantes responsabilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, las señales deben ser claras, y lo ocurrido en este caso también debe servir de lección en las demás instituciones del Estado y para quienes desempeñan altas funciones en la administración del Estado; el amiguismo y relativizar los deberes de reserva y transparencia no son el camino si se quiere contar con instituciones confiables.