Cautela frente a revelaciones en “caso Audios”

Resulta ciertamente preocupante la forma en que esta semana evolucionó el llamado “caso Audios”, escalando hasta convertirse en una trifulca política que involucró hasta el propio Presidente de la República -al celebrar indebidamente la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla- y enfrentó a ministros de Estado con el abogado defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, a raíz de sus destempladas reacciones ante los dichos del Mandatario, tratándolo de “matonaje”, acusando una “funa” desde el gobierno y amenazando con que en los chats del celular de su hermano podría haber comprometedoras revelaciones respecto de fiscales y ministros. A todo ello se suman nuevos antecedentes que se han ido conociendo, y que abren más aristas respecto de un caso que ya resulta sumamente complejo.

Desde luego que la mayor responsabilidad por este ambiente crispado recae en el propio Mandatario, cuyos dichos provocaron esta cadena de reacciones. En un acto público, señaló: “Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. Es evidente que con ello traspasó la elemental prudencia que cabe al jefe de Estado, no solo porque atribuyó una culpabilidad que aún no ha sido determinada por la justicia -Hermosilla tiene la calidad de formalizado, y cumple una medida cautelar-, sino que además predispone a la opinión pública y coloca una suerte de presión hacia el Poder Judicial, todo lo cual afecta el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Esto claramente es algo impropio de su investidura presidencial.

Sus dichos no solo se quedaron ahí, sino que además agregó que “es importante decirle a Chile que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza”. Con ello no solo parece dar a entender que en el caso Hermosilla hay esfuerzos coordinados con el gobierno -un mérito que en todo caso pertenece a la Fiscalía y las policías-, sino que además esa idea de que el gobierno está enfrentando la delincuencia no parece encontrar correlato con la realidad, cuando la crisis de inseguridad ha alcanzado niveles sin precedentes y así lo percibe la ciudadanía. Si con todo esto se buscaba alguna suerte de rédito político, el efecto ha sido justo el contrario.

De paso, esta incursión presidencial en un ámbito que no le es propio favoreció ampliamente los intereses de la defensa de Hermosilla, porque en la medida que el foco se colocó en los dichos del Mandatario, en la disputa entre los ministros y el abogado defensor así como en que podrían aparecer otros nombres al ruedo, entonces se pierde la atención en el caso judicial mismo y sus implicancias, lo que claramente le da una ventaja a la defensa. Con todo, esto no puede excusar que Juan Pablo Hermosilla esté formulando veladas amenazas a autoridades del Estado ni descalificaciones de ese nivel hacia la máxima autoridad del país, generando con ello un manto de duda sobre las instituciones que no resulta aceptable.

Pero a pesar de que en los últimos días bajó la intensidad de esta polémica, es un hecho que la crispación que este caso logró generar de algún modo está adelantando el tipo de ambiente tóxico que se podría llegar a producir si esto no se maneja responsablemente. En ese sentido, no cabe duda de que uno de los grandes riesgos que se avizoran es que a partir de ahora comience una suerte de cacería de brujas, donde el solo hecho de figurar con algún tipo de intercambio con Hermosilla podría bastar para merecer una censura pública o caer en la categoría de sospechoso, afectando con ello la honra, trayectorias profesionales o poniendo en entredicho a determinadas autoridades. Es importante advertir los riesgos de que algo así se consienta; por de pronto, el propio fiscal nacional tuvo que salir a dar una inédita declaración para aclarar que los chats en que figura en nada compromete el ejercicio de su cargo.

Es un hecho que en todos estos años Hermosilla se comunicó con mucha gente, y el figurar en un intercambio no implica en sí que haya una situación comprometedora. Cada caso que se vaya conociendo deberá ser analizado en su propio mérito, evitando juicios anticipados. No es inusual que los abogados, en el marco de su ejercicio profesional, tengan intercambios con fiscales, por lo que excepto que existan antecedentes comprometedores no cabe hacer de ello un escándalo.

Los parlamentarios también deben observar esta misma prudencia al momento de hacer sus juicios. Hay voces que ya levantan la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, por los vínculos que tuvo con Hermosilla cuando ejercía como abogado privado. Aun cuando Matus ha dado diversas entrevistas y puntos de prensa para intentar aclarar que sus gestiones ante Hermosilla para promocionarse como candidato a la Suprema solo tuvieron como objetivo proporcionar sus antecedentes académicos, recientes chats que han salido a la luz pública dan a entender que Hermosilla habría hecho gestiones directas ante el gobierno, lo que Matus aparece agradeciendo. Ante ello, el magistrado señaló que no solicitó gestiones a su favor, e ignora si Hermosilla las hizo. Hacer gestiones para recomendar no es reprochable en sí, a menos que se comprobara que dichas gestiones fueron más allá que solo recomendar o dar a conocer, o bien que hayan tenido una contraprestación de por medio, lo que en ese caso sí resultaría muy comprometedor para la situación de Matus. Con todo, dado que las explicaciones que Matus ha vuelto a dar por lo visto siguen sin despejar el asunto, es fundamental que aclare bien lo sucedido.