Chile necesita un pacto fiscal para el crecimiento

Sofofa /Boric

El verdadero problema que enfrenta hoy nuestra economía no es seguir reasignando recursos por la vía de más impuestos, sino cómo potenciar el crecimiento.



A los pocos días de que el Presidente Gabriel Boric anunciara el envío al Congreso de una nueva reforma tributaria, como eje central para cumplir sus compromisos de campaña, el gobierno entendió que la iniciativa no tenía destino, ya que en el Senado no estaban los votos para apoyarla. En ese escenario, el ministro de Hacienda cambió el discurso y optó por hablar de un “Pacto Fiscal” en vez de una reforma tributaria. La idea, si bien termina igual en la necesidad de hacer alzas de impuestos, añadía algunos matices interesantes, como la priorización del gasto público, buscar una mayor eficiencia del Estado y analizar los efectos sobre el crecimiento de las medidas a implementar.

Ya en la primera reunión del ministro con los empresarios reunidos en la Confederación de la Producción y el Comercio, donde se buscaba socializar la nueva agenda, quedó claro que el citado pacto contenía un gran defecto: no incluía medidas en favor de la inversión y el crecimiento económico. Y si bien el ministro se allanó a incorporar estos puntos en la discusión, lo cierto es que el olvido no es menor. De alguna manera revela el carácter de este gobierno, que está más preocupado de reasignar los recursos que de hacerlos crecer, siendo que este último es precisamente el gran problema que tiene Chile.

Cabe tener presente que casi a diario se conocen nuevas cifras de cómo está siendo golpeada la actividad económica. El Imacec de abril, por ejemplo, sorprendió negativamente al mercado mostrando una variación de -1,1%, con una caída de 7,7% del comercio. La actividad portuaria del primer trimestre mostró que la carga movilizada llegó a su nivel más bajo desde el año 2016. En lo que respecta al mercado laboral, las ofertas de trabajo registraron una caída anual de 45%. En este escenario, estar hablando de aumentar los impuestos parece una contradicción.

Y si bien la situación actual tiene algo de transitorio -por el ajuste que ha significado bajar la inflación-, lo cierto es que nada asegura que una vez que el Banco Central relaje su política monetaria la situación cambiará significativamente. Porque el problema de Chile viene de antes. Basta mirar el crecimiento efectivo de la economía chilena en los últimos años, para darse cuenta. Pasamos de expansiones del orden del 6% anual promedio en los años 90 -período que incluye la Crisis Asiática-, a una tasa de 4,2% en los años 2000/2009 -con crisis subprime-, para luego pasar a solo 3,1% entre el 2010 y el 2019. Es decir, bajamos a la mitad el crecimiento promedio, con todas la consecuencias que ello tiene para el empleo, los salarios y la recaudación del Estado. Y ya se proyecta que hacia adelante no viene mejor. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central, el PIB tendencial de Chile, es decir, su capacidad de crecimiento de mediano plazo, no será superior al 2,1%, un tercio de lo que teníamos hace algunos años, con lo que la posibilidad de alcanzar el desarrollo en el mediano plazo se desvanece.

Muchas cosas explican lo anterior, pero una variable clave ha sido la caída de la tasa de inversión, piedra angular del crecimiento, que viene cayendo sostenidamente desde el 2014, es decir, desde la primera reforma tributaria de la Presidenta Bachelet. Junto con ello, es evidente que la crisis social y los llamados antiempresa que han caracterizado el ambiente del país en los últimos años, han creado una desconfianza que no es útil a la hora de pensar en invertir. Pese a todo esto, nuestra incapacidad de crecer no parece ser un tema para las actuales autoridades. Porque si bien este gobierno se ha visto obligado a cambiar el tono de su discurso -producto de la derrota en el plebiscito y la reciente elección de consejeros constituyentes-, lo cierto es que su programa sigue orientado a hacer crecer el tamaño del Estado y no de potenciar la iniciativa privada. El alza de los impuestos a las mineras, la idea de introducir un impuesto al patrimonio, o de aumentar los tributos a las personas y empresas, son prueba de ello.

¿Es posible entonces que un pacto fiscal cambie todo esto? A primera vista parece que no, ya que ya dentro de éste ni siquiera estaban consideradas medidas procrecimiento. Es cierto que el gobierno necesita cambiarlo para poder sacar adelante su iniciativa, pero nada augura que será el cambio que el país requiere. Porque como dijo el Presidente Boric, se cambian las prioridades; no las convicciones. En esa óptica, hay que tener presente que un mal pacto fiscal sería lapidario para una economía que está muy debilitada.

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