SEÑOR DIRECTOR:
La Dirección del Trabajo decretó el cierre de una farmacia en la comuna de La Cisterna. Según la autoridad, la causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. La medida raya en lo absurdo.
En primer lugar, el llamado a mantener el orden público es el Estado a través del gobierno. Si este ha cedido en sus obligaciones, entonces debe enmendar rápidamente el rumbo, no privar a los vecinos de una farmacia, a los trabajadores de un trabajo, o a los empleadores de un negocio. La medida traspasa el costo del delito al ciudadano honesto, y el descriterio da para caerse de espaldas.
Además, los incentivos que genera la medida son desastrosos. Primero, castigan a quien fue víctima de una acción delictiva; y segundo, reconoce la incapacidad de velar por el orden público, lo que le dice al delincuente que ahora los costos de delinquir son incluso más bajos que antes.
Así como van las cosas, si asaltan a alguien en la vía pública podría ser obligado a permanecer en su casa, para evitar el riesgo. La medida no se sostiene por ninguna parte.
Félix Berríos Theoduloz
Economista
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