Clarificador diagnóstico de terrorismo en La Araucanía

La sola circunstancia que la visita de un Presidente de la República a una región del país constituya en sí misma una noticia de primera plana, y que dicha gira se deba llevar a cabo con un nutrido dispositivo de seguridad, da cuenta de la compleja realidad que se vive en La Araucanía, zona dramáticamente afectada por el flagelo de la violencia, tal como quedó en evidencia con la seguidilla de atentados que precedieron la llegada de la comitiva presidencial.

Era la primera vez en sus ocho meses de mandato que el Presidente Boric llegaba hasta dicha región, y por lo tanto había expectación por conocer sus propios diagnósticos y el tipo de anuncios que podría realizar. Cabe no perder de vista que parte de La Araucanía, así como zonas del Biobío, se encuentran ininterrumpidamente bajo estado de excepción constitucional desde mayo, situación que venía ocurriendo a partir del gobierno anterior, lo que fue interrumpido un par de meses una vez asumida la nueva administración.

Probablemente el hito más relevante de esta gira de dos días es que el Mandatario reconoció por primera vez la existencia de terrorismo en la zona, un hecho que resultaría evidente para cualquier observador, atendida la ola de atentados incendiarios, asesinatos y heridos que ha dejado el actuar de grupos que buscan sembrar el miedo amparándose en la causa indígena, pero que el actual gobierno pertinazmente se había negado a calificar como tal, más allá de reconocer la gravedad que ha alcanzado la violencia.

Este diagnóstico, si bien tardío, resulta sin embargo muy clarificador, porque finalmente debería permitir ordenar la discusión política y jurídica para situar el problema de La Araucanía -y de las otras regiones donde la violencia política también comienza a expandirse- como una gravísima anomalía que experimenta el país, sin que quepa seguir escondiendo o minimizando la existencia de terrorismo. Pese a la gravedad de estos delitos, y a que llevan años cometiéndose, todavía la sociedad no parece aquilatar la gravedad de que hechos así estén ocurriendo, por lo que cabe esperar que este reconocimiento constituya en ese sentido un punto de inflexión.

Un aspecto preocupante, sin embargo, es que el jefe de Estado haya desestimado invocar la ley antiterrorista, por considerar que no es el instrumento jurídico adecuado, pues ha traído “pésimos resultados” para las víctimas y el Estado. Si bien esta normativa ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, y en distintos gobiernos se ha buscado reformarla para asegurar su aplicabilidad, hasta ahora sin éxito, resultaría totalmente incoherente que si ya existe un diagnóstico de terrorismo las leyes que sancionan específicamente dicho delito no se apliquen. El Mandatario debe dar garantías de que impulsará urgentemente los cambios legislativos que permitan la modernización de dicha norma, porque de lo contrario habría razones para suponer que en realidad es una excusa para no invocarla por razones puramente ideológicas, tal como inexplicablemente ha ocurrido con la Ley de Seguridad del Estado.

A partir de las declaraciones del Presidente se espera que la coalición de gobierno muestre un profundo cambio de orientación respecto de la forma como ha venido abordándose la violencia en la zona. Es un hecho que sectores de Apruebo Dignidad han tenido -incluso hasta el presente- actitudes muy ambiguas respecto de dichos grupos violentistas, buscando justificar su actuar mediante un indisimulado respaldo político. Esta actitud condescendiente le ha costado caro al país, pues con ello solo se ha conseguido que el accionar de estos grupos se haya expandido geográficamente y sus métodos se hayan tornado cada vez más violentos, producto de la impunidad. Los titubeos del gobierno respecto de la CAM, o el mismo hecho que hasta ahora se negara la existencia de terrorismo, son ejemplos de lo que no debe seguir ocurriendo, y en tal sentido debe resultar aleccionador las graves implicancias que conlleva la ambigüedad frente a la violencia y la pérdida del Estado de Derecho.

Cabría esperar entonces que estos nuevos criterios permeen en toda la línea de autoridades, desde los ministerios hasta las delegaciones presidenciales en regiones, y es el jefe de Estado quien tiene la responsabilidad de asegurarse que así ocurra. Esta línea común es imprescindible si es que se quiere dar coherencia y efectividad a las políticas que llevará a cabo el Estado. Un buen indicio lo dio ayer el subsecretario del Interior, quien al igual que el Mandatario coincidió en que en la zona se han verificado hechos terroristas. También resulta fundamental que todo el sistema judicial, así como el rol de las policías, ordenen su actuar en función de la gravedad de los hechos.

Tal como se relevó en esta gira, La Araucanía no solo requiere acciones urgentes para combatir la violencia, sino que también precisa de políticas sociales mucho más robustas, pues en varios indicadores es una de las regiones que aparece más rezagada, lo cual no contribuye a la estabilidad. Asimismo, los diálogos de paz -que desde el gobierno pasado han perdido notoria intensidad- deberían retomarse, pues en ningún caso han de ser agendas excluyentes. El anuncio del Mandatario, en orden a que se implementará una Comisión por la Paz y el Entendimiento, debería ser un paso en esa dirección.