Columna de Alejandra Arratia: Siete años de la Nueva Educación Pública: un imperativo ético para el país

Hace siete años Chile dio un paso histórico con la promulgación de la Ley N.º 21.040, que creó el Sistema de Educación Pública. Esta reforma, una de las más complejas y significativas desde el retorno a la democracia, tiene un propósito claro: devolverle a la educación pública su rol central como garante del derecho a la educación, espacio de integración social y pilar fundamental en la construcción de una sociedad democrática, justa y colaborativa.

Hoy, celebramos sus avances y aprendizajes reafirmando nuestro compromiso con su continuidad y fortalecimiento, en el contexto de desafíos que estamos conscientes este cambio ha enfrentado. En este séptimo aniversario, el sistema ya cuenta con el 21% de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en régimen, que gestionan 1.039 establecimientos educacionales (cerca del 16% de los que se traspasarán) y la responsabilidad sobre los procesos educativos de alrededor de 240 mil niños, niñas, jóvenes y adultos: el 18% del total que serán.

En este tiempo, hemos visto cómo la Nueva Educación Pública ha comenzado a transformar las bases de la gestión educativa, fortaleciendo tanto capacidades pedagógicas y de liderazgo directivo, como administrativas y financieras, considerando el pago oportuno de los salarios de trabajadores de la educación, un piso mínimo, que lamentablemente en el sistema municipal en muchos casos no se cumple. De hecho, al 2022, 174 municipios destinaban más del 85% de sus ingresos operacionales al pago de remuneraciones, lo que evidencia un alto nivel de criticidad en la administración de la educación.

Por otro lado, hay datos alentadores: en 2024 los SLEP lograron la mayor reducción en la tasa de desvinculación escolar en comparación con otras dependencias, y son quienes más han aumentado la asistencia de sus estudiantes en el último año. En cuanto a los resultados en el Simce de lectura y matemática, tanto en 4° básico como en II medio, han presentado mejoras mayores que otras dependencias educativas. Además, en un reciente estudio de impacto de la Agencia de Calidad de la Educación, se evidencia que, desde su creación, quienes estudian en la Nueva Educación Pública están aprendiendo más que cuando sus escuelas pertenecían a otra dependencia.

Es importante recordar que, incluso en el difícil contexto que implicó la pandemia para la educación en nuestro país, los SLEP demostraron su mayor capacidad de gestión educativa, con indicadores significativamente más positivos que los municipios en cuanto a la apertura de las comunidades educativas para recibir a las y los estudiantes.

Sabemos que esto es solo el inicio y que para seguir avanzando debemos aunar esfuerzos transversales. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley que, en base a los aprendizajes de estos años, busca fortalecer el proceso de instalación y la administración del Sistema de Educación Pública, incorporando medidas para asegurar un traspaso adecuado de los servicios educativos, fomentar la capacidad de gestión de los SLEP y establecer herramientas que promuevan la sostenibilidad financiera y la mejora continua.

Reconocemos que todavía enfrentamos desafíos, propios de una política de Estado de gran envergadura y que trata un tema tan estratégico y complejo como la educación, requiriendo necesariamente una revisión, análisis y mejora constante. Por lo mismo, hemos priorizado medidas concretas como la mejora en los procesos de traspaso de los SLEP, el fortalecimiento de la convivencia escolar, y un plan nacional para la recuperación de la infraestructura educativa.

La Educación Pública no es solo una reforma educativa, es un imperativo ético para el país que queremos construir. A siete años de su promulgación, esta reforma sigue siendo un llamado a trabajar en conjunto, trascendiendo diferencias y construyendo consensos. Es en ese espíritu colaborativo donde radica nuestra mayor fortaleza para que la Educación Pública siga avanzando. Porque si la educación pública avanza, Chile avanza.

Por Alejandra Arratia Martínez, subsecretaria de Educación