Columna de Alejandra Sepúlveda: Bajas pensiones para las mujeres: urge reparar esta desigualdad

La última milla de la reforma de pensiones, hoy en trámite en la Comisión de Trabajo del Senado, está poniendo a prueba la capacidad de diálogo transversal de todos los actores políticos, para atender de manera eficaz la abundante evidencia disponible y la demanda de la ciudadanía, que en un 80% -según un reciente sondeo de Cadem- considera muy importante que la reforma se apruebe antes del fin del actual gobierno.

Uno de los desafíos relevantes e ineludibles es acordar los recursos y el mecanismo para reparar una de las mayores injusticias del actual sistema: la discriminación indirecta y directa que genera en las mujeres. La primera, producto de la desventaja de las mujeres frente a los hombres tanto en su participación laboral como en sus salarios, independiente del rango de edad en que se encuentren y de la generación a la que pertenezcan. La segunda, por las diferencias que hace el sistema previsional en el cálculo del monto de las pensiones de ellas debido a su mayor esperanza de vida y las lagunas previsionales generadas por su entrada y salida de la vida remunerada activa debido a razones de cuidado de niños/as y familiares dependientes.

Todo lo anterior redunda en una brecha de género en la pensión autofinanciada de 42,7% en desmedro de las mujeres, por su menor densidad de cotizaciones, alta inactividad, informalidad, lagunas previsionales y desempleo. También por la brecha salarial de género entre los/las cotizantes (10,6%), las diferencias por cálculo de expectativa de vida, aun habiendo ahorrado el mismo número de años y por el mismo monto (11%) y la edad de jubilación (61,5 v/s 65,3), entre otros factores tal como ha advertido la Superintendencia de Pensiones (2024).

En un sistema donde, más allá de la positiva contribución de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la pensión depende de cuánto logró acumular el trabajador/a en su cuenta personal, es esperable que las mujeres tengan bajas pensiones y menores que las de los hombres. Pero no hay que olvidar que la precariedad laboral en la vida activa no es antojadiza, sino que responde a los roles de género tradicionalmente asignados, forzando para ellas un epílogo de empobrecimiento en la última etapa de sus vidas.

Con los actuales procesos de envejecimiento y alta esperanza de vida, no podemos permitir que las mujeres enfrenten en solitario su etapa de jubilación. Es indudable que se debe cotizar más, pero también es necesario reconocer el trabajo de cuidados no remunerado que ellas realizan de manera gratuita, sosteniendo con ello a toda la sociedad. Y, por cierto, corregir las diferencias debidas al cálculo de su mayor longevidad, algo que es inherente a ellas. Acordar una proporción del 6% de mayor cotización para reparar estas brechas, bajo principios de seguridad social, requiere de voluntad política, entendiendo lo grave que sería no resolver este problema. La última milla de esta reforma no puede ni debe fallarle a las mujeres.

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer