El Presidente ha sido denunciado por un especial tipo de delito sexual contra su excompañera de práctica en Magallanes. Fue ingresada al Ministerio Público por la presunta víctima en carácter de reservada. Es de presumir entonces que su intención no sería la de aprovecharse de ella por medio de la publicidad. Sin embargo, vulnerando la decisión de conceder la reserva por parte de la Fiscalía que investiga la denuncia, el gobierno, en primer lugar, obtuvo una copia de forma dudosa, y luego, premunido del documento, tuvo tiempo de preparar una estrategia destinada a anticipar cualquier hallazgo de la prensa y utilizar la inmensa capacidad comunicacional y recursos del Estado para transformar a la víctima en victimaria. Las “vocerías” oficiales -o más bien la defensa del Presidente- ha sido desarrollada desde La Moneda.
Lo especial en este caso es que, con una sola voz, diversos ministros han coincidido en atribuir la decisión de hacer pública la denuncia y los correos electrónicos intercambiados entre la afectada y el Presidente a una recomendación de su abogado personal. Este, en una conferencia de prensa, acusó al fiscal a cargo de la investigación de no haber actuado con suficiente celeridad, lo que lo llevó a pesquisar los antecedentes. Diversos especialistas han señalado que haberse hecho de una denuncia reservada contraviene lo decidido por el fiscal y no procede estando la investigación y varias diligencias pendientes. Al menos así opera para el resto de las personas.
No tengo recuerdos de que un abogado, menos en medio de un escándalo eminentemente político como la mezcla de este caso con el del exsubsecretario Monsalve, o por la gravedad que esta denuncia tiene en sí misma, detentara la autoridad para imponer sus decisiones al Presidente, sus asesores y ministros, incluido el Ministerio de la Mujer. Esto simplemente no es verosímil. El gobierno ha elaborado un diseño judicial y comunicacional basado la descalificación y hostigamiento públicos de la denunciante, a quien se expone desde todas las aristas posibles como una mujer perturbada. Las encargadas de esta parte de la trama son mujeres poderosas y campeonas del feminismo. Ellas han hecho causa común con el Presidente imputado y han calificado la denuncia, a priori y sin investigación, como sin sustento o credibilidad. En buenas cuentas, los asesores concluyen, como si fueran un tribunal, que la denuncia es falsa y que el Presidente ha sido acosado por una desequilibrada y así lo debe entender el país. Por lo demás, otro poderoso caballero, el diputado Gonzalo Winter, expresó su solidaridad con el denunciado aportando que él había sido víctima no de uno, sino de varios acosos sexuales. No está claro si quiere decir que en Chile abundan mujeres desquiciadas o busca dejar pasado un recado. En cualquier caso, lo que está ocurriendo es deplorable y corresponde a lo que los diccionarios de la lengua definen como promiscuidad.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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