El debate presupuestario, una rutina que se cumple cada final de año, es otra muestra -por si se necesitara- de la necesidad de reformar el sistema político. Por supuesto, ninguna reforma dejará al Parlamento inmune ante las excentricidades, pero una reducción de los parlamentarios intrínsecamente excéntricos podría ordenar mejor una discusión que es esencial para el funcionamiento del estado.
El presupuesto es un problema central en la economía del país. Su tendencia a aumentar vorazmente agudiza los desequilibrios, incrementa el poder del estado y engorda a la burocracia en todos sus niveles. En el presupuesto presentado para el 2025, una de las áreas de mayor crecimiento ha sido Educación, ministerio que recibiría 17 billones de pesos, un 3,3% más que el año pasado.
El miércoles, el gobierno fue zarandeado precisamente durante la discusión de esas partidas, de una manera que no esperaba. Hubo excentricidades, claro, pero el conjunto de las críticas no se define por eso, sino por lo que posiblemente haya que entender, no como un gusto opositor, sino como la expresión de la extendida insatisfacción del país con su sistema educativo.
La cámara baja rechazó dar financiamiento para gastos administrativos de 47 servicios locales de educación pública (SLEP), lo que deja a la mayoría de ellos desfinanciados. Además, votó en favor de no conceder el primer año de gratuidad en la universidad a todo estudiante de 3º y 4º medio que haya sido sancionado por hechos de violencia. Luego agregó la restricción de las ayudas estatales para estudiantes que hayan sido castigados bajo la ley Aula Segura, cualquiera sea la institución de educación superior en que estén matriculados. Y, por fin, se pronunció en favor de suspender el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año 2025.
En conjunto, estas decisiones atacan tres rasgos que han caracterizado la gestión de Educación bajo el actual gobierno: el estatalismo, la permisividad y la centralización. Algunas no serán aprobadas por el Senado, otras pueden ser inconstitucionales y otras resultan impracticables, como el SAE, cuya operación ya está en marcha para el próximo año.
Pero la objeción al SAE es relevante y tiene dos caras: una mayoría de las familias no están conformes con la asignación de colegios por parte del sistema estatal, debido a que limita sus elecciones (o, dicho de otro modo, no les permite escapar de la oferta asignada); y, a la inversa, la calidad del sistema se vuelve irrelevante si los colegios están bien. Y están mal. Y muchos, muy mal. Los peor evaluados son justo los que permitirían apreciar correctamente el SAE: los colegios públicos.
Algunos de los diputados que votaron por detener el SAE parecen haberlo confundido con el sistema de admisión de los antiguos colegios de excelencia (“emblemáticos” y Bicentenario), que nunca tuvo en cuenta el hecho fundamental de que una mayoría de ellos recibe a los estudiantes sólo desde 7º básico, cuando la mitad del partido ya está jugado y no tiene ningún sentido simular que todos entran en condiciones de igualdad.
Estas numinosas ideas fueron del segundo gobierno de Bachelet, cuando el excelente exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre fue llevado al Ministerio de Educación y con ello, conducido a cumplir el “principio de Peter”.
En cuanto a los SLEP, parece que el castigo se debe a sus problemas de instalación, gestión y sobredotación, que son los que justificarían negarles los presupuestos administrativos. Pero sin recursos, se puede dar por seguro que en unos pocos años llegarán a la misma crisis que vivió el sistema municipal. Los SLEP han de pasar por una fuerte prueba de credibilidad antes de pretender ser modelos.
En su último tramo, ya es inequívoco que la conducción del gobierno no se propuso dar prioridad a la educación básica y media, a pesar de que ambas son el fundamento de todo el sistema. Su foco han sido los universitarios. Las cifras del presupuesto resultan apabullantes: para el 2025, el gasto en la educación universitaria aumentará un 9,3%; la educación básica y media, en cambio, ¡disminuirá! un -0,7%. En cuanto a la mantención de la infraestructura de los colegios -un reclamo que se oye a lo largo de todo Chile-, en el presupuesto 2024 fueron asignados casi 7 mil millones de pesos, pero al final de agosto pasado no se había gastado ni un solo peso.
Es posible que un futuro gobierno le agradezca al actual haber terminado con el reclamo permanente de los endeudados del CAE, muchísimos de los cuales dejaron de pagar en cuanto escucharon de estas medidas. También es bastante probable que en unos años más se escuchen protestas parecidas a las del CAE, ahora en contra de un sistema que habrá gravado los primeros empleos. Y habrá nuevos reclamos para condonar.
El abandono, la lenidad ante la educación básica y media, contracara de los galopantes privilegios universitarios, es la exposición de una generación que tomó la decisión de ser leal a sus propios miembros y resolver sus propios abrumadores problemas, aún al costo de ser insolidaria con los niños, acaso sin darse ni cuenta de lo que esto significa para el futuro. O quizás sea culpa, como diría Iñigo Errejón, el hegeliano, de que sus cabezas también están tomadas por el neolibera
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