El gobierno enfrenta una de las más graves crisis institucionales desde el retorno de la democracia: el descabezamiento de las dos policías nacionales en momentos en que el crimen organizado ha entrado con fuerza en el territorio de Chile, como lo ha hecho en toda América del Sur.
La crisis es sólo parcialmente atribuible al mismo gobierno, pero la responsabilidad de salir pronto de ella le concierne en forma exclusiva. Se trata de dos situaciones por entero diferentes y, si existe algo que las vincule con el gobierno, es el ambiente de hostilidad y desconfianza con que éste las trató en sus meses iniciales, en concordancia con su idea general de que las policías son órganos represivos, una sonoridad terrible para configuraciones como la del Frente Amplio, mejor condicionado para denunciarlas que para hacerse cargo de ellas. La incursión de la ministra Izkia Siches a Temucuicui en el primer día de gobierno, sin escolta y sin aviso, fue la primera expresión de ese trasfondo ideológico, que en organismos particularmente nerviosos, como son las policías, tienen una lectura más pronunciada que entre el resto de los ciudadanos. Hay errores cuya significación excede a los hechos y suelen dar una medida de la competencia de los funcionarios.
Nada de la situación actual se parece a la de entonces. El director de la PDI Sergio Muñoz, hombre desconfiado, solitario, de escasos vínculos sociales, mantuvo una relación amistosa impropia con el abogado Luis Hermosilla, que no se habría conocido jamás si no fuese por la grabación de una conversación del abogado en un caso que nada tiene que ver con el jefe policial. Falta todavía mucho por saber de esa relación, pero, hasta donde se puede ver hoy, Muñoz cedió al aura de influencia y poder que irradian abogados como Hermosilla. ¿Buscando qué? Lo que posiblemente imaginaba: protección, ayuda, asistencia, real o fantasiosa, permanente u ocasional, blanda o fuerte.
Aparentemente, el gobierno ha salido ya de esta encrucijada, gracias al rápido nombramiento de Eduardo Cerna, un policía altamente calificado: el “hombre indicado”, en la expresión de conocedores de la PDI. Cerna ha cortado lazos con el mundo de Muñoz, al revés de lo que este hizo con su antecesor, Héctor Espinosa, a quien le atribuía su ascenso. Esto tiene su importancia, porque Espinosa no se sentía especialmente ligado al expresidente Piñera, sino a la expresidenta Bachelet.
La situación de Carabineros es mucho más inestable, porque su director, el general Ricardo Yáñez, ha estado en el candelero durante los dos años del gobierno. Sin embargo, la razón es anterior: las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones del llamado “estallido”. El que ha sostenido la exigencia de que renuncie por ello es el Partido Comunista, concordante con su opinión, mejor articulada que la del Frente Amplio, de que la policía militarizada está al servicio de un orden social dominado por unas clases sociales sobre otras.
En 1994, cuando los tribunales confirmaron la acusación contra oficiales de Carabineros por el asesinato de tres militantes comunistas, el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, se encerró con el general director, Rodolfo Stange, y no le permitió salir hasta que el general firmó su renuncia, a pesar de que tal exigencia podía ser inconstitucional. Treinta años después, un ministro de Justicia sugiere por televisión que el general Yáñez debería salir de su cargo en el momento de ser formalizado, fecha que, por lo demás, ya se conoce (esta “política no-política” podría ir más lejos: ¿Por qué no exigir la renuncia en cuanto se conoce la fecha de una futura formalización? ¿O cuando la estima una fiscalía?). El contraste muestra la diferencia entre una conducción frontal y una estrategia sinuosa que busca aliviar al Ejecutivo del problema, es decir, de bajar el posible costo político en una decisión que, no obstante, le compete directamente, ahora o después.
Es posible que La Moneda crea que con eso rebaja el malestar en Carabineros. Otra vez se equivoca. Si algo desestabiliza a las policías es la idea de tener un mando incierto, cuya fragilidad política lo inmoviliza en muchas de las decisiones estructurales. Nada hay peor preparado para la política versallesca que una jefatura policial cuyo adversario no debe estar en los salones, sino en la calle.
Desde luego, la contracara no es la calle de los ciudadanos, sino la del crimen organizado, que no había adquirido nunca antes el volumen y la sofisticación actuales, ni tampoco sus dinámicas de cambio y adaptación. Lo que antes fue la amenaza del narcotráfico colombiano se trasladó de pronto a la emigración venezolana y hoy está en manos de las pandillas ecuatorianas. Uno de los lados más negativos de la caída de Sergio Muñoz es precisamente la atención que prestaba, desde hace mucho tiempo, a la evolución del crimen organizado. Sus jefazos estudiarán ahora, con toda su información, cómo sacar mejor provecho de este desorden.
No es un panorama en el que un país se pueda dar el lujo de tener a sus dos policías en situación de crisis. Esto suena demasiado obvio para ser escrito. Pero la verdad es que nunca se sabe.
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