La elección del Consejo Constitucional resultó mucho más polarizada de lo que cualquier cálculo podía prever. No es sólo que el Partido Republicano haya obtenido una aplastante mayoría, sino que sumada a la de Chile Vamos reproduce la votación del Rechazo de septiembre pasado. En cualquier lugar del mundo, un resultado como este es primero que nada una derrota del gobierno.
Pero como éste insiste en negarlo, quizás pueda formularse de otra manera: el Presidente Boric gobierna con una oposición que casi llega a los dos tercios. Esa es la conclusión más contundente del último año, la única de la cual cabría tomar nota para ajustar expectativas. Una de sus coaliciones, el dividido Socialismo Democrático (PPD + PR + DC - PS), no alcanzó a ganar un solo asiento en el Consejo Constitucional, y la otra (PS + Apruebo Dignidad), no llegó a capturar los 2/5 que le darían derecho a veto. Parece evidente que este es el resultado del voto obligatorio, que por segunda vez desfavorece dramáticamente a las fuerzas de izquierda. Detrás de la abstención con el voto voluntario había un país cuya opinión ha sido dramáticamente diferente de los que gobiernan.
Hay algo más que el gobierno tendría que afrontar. El volumen de votos nulos ha sido insólitamente alto: sobrepasó los dos millones y llegó a 16,94%. ¿Cuántos candidatos perdieron un escaño simplemente por ese desvío de votos? ¿Cuánto se dislocaron los resultados finales? En verdad, ese volumen ameritaría una investigación para determinar cuántos de esos votos fueron clara expresión de mala información (como los muchos que hicieron una marca en cada lista). El gobierno no le dedicó a la información electoral ni un punto porcentual de los recursos que gastó para la Convención y se restringió a una modestísima campaña digital cuyo resultado no podría ser distinto que el escaso volumen de recursos que invirtió en ella.
La hegemonía de la oposición más dura determinará la dinámica del Consejo Constitucional desde su instalación en junio próximo. Y antes de eso, afectará ciertamente el diálogo político en el Parlamento y, quizás de manera más determinante, en la Comisión Experta que le debe entregar un proyecto completo cuando se instale. La probabilidad de desacuerdos irreductibles en esta Comisión no ha disminuido, sino que ha aumentado desde anoche. Para decirlo de otro modo, hay ahora más posibilidades de que no consiga producir un texto con el consenso exigido por el Acuerdo Democrático.
En el mapa de los partidos, no hay nada que se parezca al Republicano. Ninguno llegó a lograr ni siquiera un tercio de sus votos. Es un resultado que no tiene precedentes en el último medio siglo. Si se aplicase un umbral de 5% para la existencia de los partidos, anoche habrían sobrevivido sólo seis. Después de la UDI, sólo el PC consiguió acercarse al 8%, que es la misma cifra que tuvo en la pasada elección de diputados. Cosa parecida ocurrió con el Frente Amplio, que tuvo cierta redistribución entre sus grupos, y con el PS, que registró un ínfimo aumento de medio punto. En dos años de gobierno, no hay avance.
El proceso de cambio constitucional adquiere ahora un rumbo más incierto. El Partido Republicano ha adquirido la principal responsabilidad. Esto se dice fácil; otra cosa es cuando se inicia la discusión, sobre todo para un partido que parece representar, en el nivel más bajo, la indiferencia por la cuestión constitucional en vista de que ella no resuelve los problemas imperiosos, y en el nivel más alto, el rechazo a modificar la constitución vigente, que ha sustentado la legitimidad de todos los gobiernos, incluido el actual.
Suerte tienen los potenciales y futuros adversarios de José Antonio Kast de que las presidenciales se realicen en dos años más. Con unos meses menos, su suerte estaría echada.
