La que termina fue la primera semana después del plebiscito en que la aprobación del Presidente Boric dejó de caer. Durante más de un mes, ese índice estuvo descendiendo hasta quedar cerca de la votación que obtuvo en la primera vuelta, un retroceso demasiado rápido comparado con otros gobiernos. También es cierto que ningún otro gobierno enfrentó un plebiscito en el primer semestre de su mandato.
Las encuestas no son ciencias exactas, pero suelen detectar corrientes hondas de la opinión pública. Los encuestados parecen haber percibido que el Presidente ha decidido gobernar, un acto que suponía abandonar la retórica de campaña, ponerse en línea con el pasado (en lugar de tratar de demolerlo) y dejar en otro lugar la discusión constitucional que ya casi lo destruyó.
La presidenta de la FRSV -ahora, partido de gobierno-, Flavia Torrealba, dijo esta semana que en su opinión el “momento constituyente” ya pasó, admitiendo que el tratamiento del debate en el Congreso no sólo tendrá otras características, sino también otro ritmo. La definición politológica del concepto de “momento constituyente” es discutida, en parte, porque se apoya en fuerzas sociales misteriosas, difíciles de medir y precisar fuera del estado de revolución. Pero al menos durante 2020 hubo algo parecido a eso, que perduró acaso hasta comienzos de este año, cuando la Constitución todavía figuraba entre las primeras preocupaciones.
¿Por qué desapareció en unos pocos meses, hasta casi salir de ese espectro? Por muchas razones; en general, las condiciones económicas, sociales y políticas cambiaron. Pero es lícito pensar también que el ejercicio mismo de la Convención Constitucional produjo un enojo y hastío tales, que desalentaron por un tiempo indefinido el deseo de remodelar el país a partir de la Constitución. No sólo mató el “momento”, sino que crió una cierta aversión temática, que ha de ser una parte de la explicación del 62% de rechazo. Y en tal caso no se trata de que exista más confianza en que el Congreso lo resuelva mejor, sino de que moleste menos.
Para el asunto principal, lo que importa es que el gobierno decidió dejar esto en el Congreso, es decir, que abandonó las ideas que tuvo apenas producida la derrota plebiscitaria. Hasta un cierto punto, esto tiene un significado muy de fondo: abandonó el impulso refundacional, que estaba implícito tanto en el proyecto de la Convención como en el deseo de La Moneda de protagonizar el proceso constitucional.
Lo que toma el protagonismo ahora son las acciones concretas del gobierno ante las prioridades, a su turno redefinidas por el cambio de contexto. Este enfoque pone en liza dos ideas que, sin ser totalmente contradictorias, sólo son compatibles de manera ríspida y ruidosa. Una es la del gobierno como inflexión histórica: un proyecto modifica elementos sustanciales de la vida económica y social, hasta el grado de constituir una ruptura con el pasado y con los “30 años”. La otra es la del gobierno como fusión histórica: la alianza del “progresismo” tradicional con las nuevas generaciones para iniciar algo que no es una ruptura, sino una mutación, un cyborg político constituido por versiones mutantes del laguismo, el bacheletismo (versión Nueva Mayoría) y el frenteamplismo.
Son ideas interesantes, con cierto aire de modernidad. Sería una gran cosa que se pudiesen mantener en un alto nivel. Pero la política suele ser algo más pedestre y las dos tesis, por ahora, se pueden reducir a la lucha de hegemonías entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.
El gobierno decidió debutar con una propuesta cyborg: la reforma previsional, incluyendo el fin de las AFP, un proyecto que se hizo más difícil desde la creación de la PGU por Sebastián Piñera. Este fue un gol de último minuto con el que Piñera introdujo la segunda dificultad para demoler el sistema de AFP. La primera la habían inventado los retiros de 10%, cuyo propósito real era destruir el sistema financiero a través del vaciamiento de las AFP; pero como nadie sabe para quién trabaja, terminaron fortaleciendo el principio del ahorro individual. ¿Seguirá vigente el “momento anti AFP”?
A eso se enfrenta el gobierno, posiblemente consciente de que ingresará a tramitación un caballo, aunque obtendrá un camello. De la reforma tributaria, cuya mejor justificación eran las pensiones antes de la PGU, probablemente logrará un dromedario.
La otra gran iniciativa cyborg es el acuerdo nacional por la seguridad que desarrolla la ministra del Interior, Carolina Tohá. En verdad, mucho más que en las pensiones, el destino del gobierno se juega ahora en este campo. Todos los indicadores sociales se han deteriorado desde el 2019. Los chilenos no viven mejor, sino con más problemas. Pero nada es peor de lo que ocurre en delitos y violencia. Esas tasas ya sacaron a Chile de la condición de país más seguro de Sudamérica y metieron en su paisaje las ocupaciones de terrenos, los asaltos con armas largas, las balaceras nocturnas, los ataques a la policía, en fin: una pequeña Venezuela.
La ministra Tohá busca un acuerdo nacional, no sólo de gobierno, percibiendo correctamente que buena parte de la degradación se debe al recíproco sabotaje entre gobierno y oposición, Ejecutivo y Congreso, policías y fiscales, juzgados y cortes, un circuito infernal de enemistad cívica a cuyas sombras está floreciendo la impunidad. También puede superar así las inhibiciones del PC y la izquierda dura, cuya cultura se inclina, en el caso del delito, a anteponer instintivamente la explicación al castigo. Por último, necesita poner fin a la proliferación de poderes de veto nacidos en el largo proceso de instalación del gobierno. De otro modo no podrá hacer nada.
La tarea de Tohá es de primera necesidad. No hay nada más peligroso para un gobierno que la pérdida de la legalidad, porque, en el momento menos pensado, él mismo estará bajo amenaza.
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