Columna de Ascanio Cavallo: El impolítico caso Grossman
Claudio Grossman no postularía a ningún concurso de simpatía. Tampoco a uno de popularidad. Pero no hay en Chile quien pueda competir con él en renombre internacional, redes políticas y autoridad para postular a juez de la Corte Internacional de Justicia, el órgano jurídico de mayor nivel en la ONU. Hace 67 años culminó la gestión del único chileno que ha participado de ese tribunal, el jurista Alejandro Álvarez.
Durante la mayor parte de la existencia de la CIJ Chile no tuvo caso alguno en esa sede. Pero desde 2008 acumula ya tres litigios. De modo que ni siquiera cabe interrogarse acerca de si es importante o no tener presencia en esa corte. Es una pregunta que se responde sola. Pero el miércoles, la canciller Antonia Urrejola se comunicó por Zoom con Grossman para decirle que el gobierno chileno no lo apoyaría. Y luego el ministerio emitió un comunicado inusitadamente largo para detallar las razones de esta decisión.
Conviene aclarar algo que hasta aquí ha estado muy confuso. El próximo año, 2023, terminará el período del juez jamaicano Patrick Robinson, que en la última década ha ocupado el puesto asignado al bloque sudamericano-caribeño. Ese es un cupo. En el intertanto, en mayo pasado, después de un año de enfermedad, murió el juez brasileño Augusto Cançado Trindade. Con ello se abrió un segundo cupo. El primero forma parte de la planificación de todas las cancillerías de la región; el segundo es un espacio de oportunidad.
Fue con ocasión de la muerte de Cançado Trindade que un grupo de exdiplomáticos chilenos planteó la opción de presentar a Grossman. También se activó en ese momento, por convocatoria de la ONU el Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, encargado de proponer una candidatura, que el gobierno puede empujar o desechar. Hizo esto último. (La Cancillería dice que ese grupo no propuso candidato para el otro cupo, el de 2023; pero tal grupo sólo se activa ante convocatoria de la ONU o del gobierno y la única audiencia concedida por la canciller fue cancelada. Como explicación, es bastante incompleta).
¿Por qué desechó la opción de Grossman? La Cancillería ha dicho que es muy poco tiempo para desarrollar una campaña, pero el juez se murió en mayo, ¿qué más tiempo podría existir?
El mismo comunicado dice algo un poco más impolítico: que para reelegir al mismo Grossman en la Comisión de Derecho Internacional en la ONU se comprometió en 146 acuerdos de apoyo recíproco, que significa votar por otros países en distintas cosas hasta el 2044. No dice que tiene comprometido el voto para el caso de un juez recién muerto.
Tampoco dice si alguno de esos compromisos es con el propio Brasil, que ha presentado al jurista Leonardo Caldeira, considerado un candidato “débil” en el ambiente de la ONU; o si es con el argentino Marcelo Kohen, al que su gobierno postula para los dos cupos.
Esto último sería un despropósito: Kohen participó en el equipo de Bolivia en su demanda contra Chile y hace poco fue designado representante en la Comisión de Conciliación del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que el gobierno de Buenos Aires activó como parte de su enojada reacción por la presentación chilena de su plataforma continental extendida. Resultaría más que extraño ceder el voto a quien ha estado en litigios territoriales en contra de Chile. La Cancillería niega que lo haya hecho. Versiones internas dicen lo contrario. Pero nadie ha mostrado aún una nota diplomática que lo compruebe. ¿Existe o no?
En cuanto a Brasil, la capacidad de interlocución está reducida al mínimo: Chile carece de embajador desde que Itamaraty no ha concedido el agrément a Sebastián Depolo, propuesto como embajador por el gobierno de Boric. Esa situación no cambiará probablemente hasta el próximo año, cuando ya haya sido elegido el juez de reemplazo de Cançado Trindade. Jaque mate.
El comunicado agrega, o implica, que no tiene los votos. Pero nadie los tiene. Se debe lograr mayoría en la Asamblea General de la ONU y en el Consejo de Seguridad. ¿Es esto imposible? No: requiere hacer un barrido por el P5 (las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad), acercarse al Grupo Africano y al Foro de las Islas del Pacífico y realizar un trabajo intenso en la OEA con los sudamericanos y caribeños. Arduo, pero nada imposible. Trabajoso, pero no más de lo que es la diplomacia en forma. Declararse derrotado antes de empezar es como estar cansado sin trabajar.
No sólo eso. Grossman obtuvo la primera mayoría mundial en su reelección en la Comisión de Derecho Internacional. Parte de eso pertenece a los acuerdos recíprocos que negoció la Cancillería. Pero otra parte, muy importante, la realizó el propio Grossman, con las redes internacionales y la tenacidad inagotable que se le conocen. En su caso, la campaña casi siempre es él mismo.
Por último, la Cancillería sugiere que esto es caro y no tiene los recursos. La última campaña para la elección de un representante en un organismo multilateral costó cien mil dólares. Si no dispone de un monto similar a eso, es un ministerio en ruinas.
Parece claro, entonces, que el gobierno no quiso respaldar a Grossman porque es Grossman. La canciller Urrejola le informó de la decisión acompañada por la subsecretaria Ximena Fuentes (detalle también singular), y ambas subrayaron que la prioridad del gobierno es que Chile sea elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde estuvo hasta el 2020. Este es el consejo ante el cual informa la alta comisionada, es decir, la expresidenta Michelle Bachelet. Es difícil que un asientito entre 16 países (hoy están, por ejemplo, Eritrea, Somalia, Filipinas, Fiji) sea una posición más significativa. No es despreciable, pero como prioridad refleja cierta falta de proporciones.
Grossman fue militante del Mapu, participó de la Concertación, fue el agente que llevó la parte final de la defensa (triunfante) en la demanda de Bolivia y ejerció como abogado de la familia de Jaime Guzmán para insistir en la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina. Por lo tanto, no es del gusto del PC ni de su órbita. Es un connotado dirigente judío, con lo cual no ha de ser del gusto de otro sector oficialista. No se puede prescindir de estos datos facciosos para ver el caso.
Grossman tiene ahora 74 años y probablemente se retiraría al final del período de Cançado Trindade (cinco años), con lo que dejaría a Chile en la pole position para elegir a otro juez en su lugar. Pero no será así. Ni en el primer cupo ni en el segundo.
El veto a su figura es, a la vez, un reflejo de las discrepancias internas en la Cancillería como de las relaciones entre esta y los asesores de La Moneda. En ambos ambientes se cree que este ha sido un lío orquestado por la derecha; no hay gran evidencia de ello, pero si así fuera, lo menos que se puede decir es que el gobierno ha caído en una trampa de aficionados. Y lo que sale del conjunto es la imagen de una Cancillería tironeada por distintos costados, con escasa capacidad de decisión y un rumbo bastante incierto.
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