Columna de Ascanio Cavallo: El inquietante caso del tiburón alfombra

En noviembre pasado, una tuitera británica compartió una foto de lo que identificó como un tiburón alfombra manchado, una especie rara que se encuentra en Oceanía y el Índico. En pocos días alcanzó las 10.000 reproducciones, momento en el cual diversos biólogos marinos salieron a precisar que no se trataba de ese tipo de tiburón, sino de un pez nada temible, el rape, que abunda en el Atlántico y el Mediterráneo. A pesar de esto, la tuitera no ha querido corregir su foto, como hacen muchos tuiteros que se encariñan con su popularidad.

¿Qué haría la Convención Constitucional con esto? La pregunta viene al caso, porque la Convención ha empezado a hacer evidentes los serios problemas que tiene con la libertad de expresión y, en particular, contra la principal de sus dimensiones, la libertad de prensa. El ánimo adverso a los periodistas por parte de un grupo numeroso de los convencionales ya había sido advertido en las dificultades de acceso a la información y las restricciones que con diversos pretextos se impusieron a los profesionales que cubren la Convención. Gracias a ese estilo, la Convención se ha convertido en la más opaca de las instituciones chilenas, como lo mostró la enigmática ronda de votaciones para elegir a la nueva mesa directiva.

Pero esa nueva mesa es ahora parte del problema, según reveló la carta de renuncia de la directora de comunicaciones, Lorena Penjean, esta semana. La primera mesa demoró más de cinco meses en instalar uno de los elementos básicos de cualquier organización moderna, una dirección de comunicaciones. Finalmente, lo hizo y antes de tres meses su directora ha revelado que la mesa no muestra voluntad política de desarrollar una estrategia informativa.

Dos cosas hay que precisar. La primera es que este no es el único campo en que la Convención exhibe una ostentación refundacional con un vago aire de revancha. Cuando se esperaba que la deliberación moderase las posiciones radicales, numerosas propuestas de normas han sido presentadas con un maximalismo estentóreo. La fase de “moderación” para crear una democracia renovada simplemente no ha llegado. La segunda es que el resentimiento con la prensa tiene cierto eco también en los equipos del nuevo gobierno, con una inclinación por lo que denominan “medios alternativos”, que en realidad suelen ser los de alto compromiso ideológico, con poca cabida para la interrogación o el disenso.

Estos problemas estructurales se reflejan, con distintas intensidades, en los tres proyectos de normas sobre libertad de expresión presentados entre el 16 y el 17 de enero a la Comisión de Derechos Fundamentales.

Volvamos, a través de ellos, al caso del tiburón y el rape.

El primer proyecto, entre cuyos 10 suscriptores figura precisamente la presidenta de la nueva mesa, María Elisa Quinteros, incluye cuatro artículos. Tres de ellos definen la “libertad de opinión”, la “libertad de creación artística” y la “libertad de información” (o sea, lo que integra la categoría general de “libertad de expresión”). La última comprende el derecho de “difundir ideas e informaciones de relevancia pública y veraces, en forma oportuna y plural”. El tiburón alfombra manchado infringiría ese derecho, porque no es veraz (ni plural). En ese caso, tendría que hacerse cargo un Consejo Nacional de Medios de Comunicación Social, que la misma norma crea, encargado de “velar por el correcto funcionamiento de todos los medios”. Un órgano político, distinto de los tribunales, con un aire de familia con la Dinacos de Pinochet. ¿Tendría el Consejo que perseguir a la tuitera en Inglaterra? ¿Prohibir el tuit en Chile? ¿Una orden de captura a Interpol?

El segundo proyecto tiene otros 10 patrocinantes y la única cosa curiosa es que se repite con y sin acento el nombre de Giovanna Grandón, la conocida “tía Pikachu”, bárbaramente funada en octubre pasado en la Plaza Italia. Este es un solo artículo, con una lista de nueve prohibiciones -equivalentes a la censura previa-, entre las cuales se incluye este misterio de redacción: “Se prohíbe el negacionismo y el negacionismo climático”. ¿Sería algún tipo de negacionismo que la tuitera no haya corregido su error con el tiburón? ¿O los negacionismos simplemente se refieren a negar lo que otro haya afirmado? El climático, al parecer, no es negar que haya clima, sino que exista un proceso de cambio climático. En este caso, tal vez sea cierto lo del tiburón alfombra manchado, porque ¿quién dice que los biólogos marinos no son negacionistas?

El tercer proyecto -el mejor, tanto en brevedad como en redacción- establece la plena libertad de expresión y prohíbe la censura, aunque a la vez entrega a una eventual ley (“podrá sancionar”) la decisión sobre otra lista de temas, lo que los convierte en proscritos a priori, es decir, con efecto práctico de censura. El rape podría ser víctima de “incitación a la discriminación”.

Como sabe cualquier estudiante de primer año, la práctica cotidiana de los medios tiene mucho más que ver con los rapes que con los majestuosos problemas que estas propuestas plantean. Estos convencionales, en cambio, trabajan sobre un imaginario de medios diabólicos -hasta se prohíbe la instigación ¡de la pornografía infantil!: ¿Cuántos casos conocerá el que tuvo esta idea?- y periodistas disolventes, que sólo buscan sembrar el odio en la comunidad.

Esta es la clase de preocupación que el ladrón tiene sobre el juez. Ni los gobiernos ni los políticos quieren nunca ser objeto de escrutinio, ni menos por partes que sean independientes de ellos. La tendencia de los políticos, acaso inherente a la condición humana, es buscar medios y periodistas que les sean confortables. La Convención no ha escapado de esa trampa.

Hay algo más. En todos los índices internacionales sobre este asunto, Chile aparece como un país con plena libertad de expresión, el único de Sudamérica junto con Uruguay. Los informes anuales consignan siempre los problemas: agresiones contra la prensa, litigios que afectan a periodistas, concentración de la propiedad y, ahora último, pandemia digital. Pero esto es parte de la rutina. No hay ningún informe que diga que la libertad de expresión está amenazada en Chile. ¿Qué razón tienen ciertos convencionales para empeñarse en arruinar ese estatus?

Quedan algunos pasos. Las propuestas de normas deben ser sopesadas por la Comisión de Derechos Fundamentales, que tendrá una propia. Si no pasan ese filtro, pasarán al depósito de las malas ideas, acompañadas de otros cuantos centenares que van a salir de las otras seis comisiones.

El tiburón alfombra manchado y el rape pueden aguardar.