¡En qué infiernos arde Democracia Viva! Qué fuego más rabioso la consume, como si fuese el centro de los pecados de Chile. ¡Cuánto maleficio se ha visto en ella, para que lleguen a blanquear las llamas en su alrededor! Y quiénes son los que más lo atizan, cuántos nuevos Torquemadas, cuántos nuevos estilitas, cuántos nuevos monjes de la moral pública…
Resulta estruendosamente visible que Democracia Viva es un chivo expiatorio, y es posible que sus gestores hayan sentido en estos meses, además de los hierros de la traición, el frío de la peor soledad, que no es que se vayan los amigos, sino que, además, te repudien. Sentirán, quizás, que su ejecución pública permite que otros se laven las manos.
Cuando se develó el caso de los fondos fiscales entregados a Democracia Viva, algunas voces de la oposición dijeron que mal podría el gobierno convocar a un acuerdo sobre una nueva reforma tributaria, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, replicó que eso más bien le parecía una excusa. Pero enseguida vino una cascada de denuncias sobre otras fundaciones que también habían sido beneficiadas con gruesos aportes del Fisco sin motivos demasiados claros. Y luego se supo que la idea general venía de los cerebritos de Podemos, reexportada desde España.
En otras palabras, la excusa engordó. Y tanto, que puso en peligro toda la existencia de Revolución Democrática, motivó la salida del gabinete de su fundador y tocó en el ala a la directora de Presupuestos, por el único hecho de que Javiera Martínez es militante de RD. No había ocurrido, quizás en medio siglo, que la Dirección de Presupuestos fuese discutida de esta manera, ni menos bajo el mando de un ministro como Mario Marcel, cuyas calificaciones son reconocidas por todos los sectores políticos.
Por supuesto que el caso de las fundaciones le proporcionó munición a la oposición para una refriega que de todas maneras iba a librar.
El problema es que no ha sido lo único: ofreció también una confirmación de que en el oficialismo hay grupos que así como rechazan visceralmente la actividad privada, no rechazan tanto el dinero; y en ese caso, la fuente de alimentación habría de ser el Estado, con sus innumerables manantiales de asistencia para todo tipo de programas que no necesitan estar bien justificados, sino solamente bien postulados. Eso es, en una buena proporción, el actual Estado chileno: un gran dispensador de dinero que deja frustrados a quienes no conocen la ciencia de la postulación, y también frustrados a los buenos postuladores que no se sienten bastante retribuidos. Hacer esto en gran escala supone una gran audacia (aunque no mucha imaginación) y una pulcritud de relojero.
Es bastante posible que la historia de las fundaciones haya dañado de forma irreversible el proyecto de reforma tributaria que el Presidente Boric mencionó en su mensaje anual una decena de veces como la base de su programa, buscando arrinconar a la oposición, aunque sin advertir que en el mismo paso convertía a la reforma en un objetivo estratégico para ella.
El cambio de lenguaje, que convirtió a la reforma en “pacto fiscal”, cargó con dos problemas: primero, no existía tal pacto, y segundo, la atenuación de medidas que sugería en relación con la anterior “reforma”, ya no era suficiente para una oposición que empezaba a saborear una victoria. No hay gobierno más apetecible que un gobierno debilitado.
En estas condiciones, parece probable que el “pacto” se vea reducido a objetivos todavía más modestos, como una mejoría en las medidas antielusión y antievasión que permitan financiar, ya no una ambiciosa reforma previsional, sino solamente un incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal, que en los hechos ha aliviado la presión en las pensiones más pobres.
Si se cree que la infernal Democracia Viva llegó sólo hasta estos confines inesperados, falta todavía un poco más. La derecha emprendió una verdadera cruzada en contra de los tributos, cuya expresión mayor es la iniciativa del Partido Republicano para eliminar el pago de contribuciones de las primeras viviendas a escala constitucional. Ese impuesto territorial financia nada menos que un 58% de la actividad municipal.
En paralelo, el ministro de Hacienda ha tenido que insinuar, sin demasiada sutileza, que el Presupuesto 2024 tendrá en cuenta las lecciones aprendidas en la relación del Estado con las fundaciones.
Y también ha dicho que se tratará de un presupuesto austero, no por Democracia Viva, sino porque la economía está pasando por un ciclo depresivo, marcado por una porfiada presión inflacionaria. ¿Cuánto forma parte de los coletazos del Covid-19? ¿Cuánto de las estrecheces del mercado internacional? ¿Cuánto de las trabas locales generadas a la inversión? Algo de esto último tendrá su importancia, visto que hasta el ministro Marcel se ha quejado de la “permisología”, un neologismo de propiedad del empresariado. La “permisología” no es una práctica del Estado, sino más bien una sucesión de mónadas que derivan de instituciones de segundas y terceras filas, como las gobernaciones, las secretarías ministeriales y los municipios, una extensa red burocrática que actúa más bajo influjos de coyuntura que de órdenes específicas.
Y aun así, cabe esperar que la discusión parlamentaria no sea fácil. Siempre hay congresistas con ganas de lucirse que, en este caso, recordarán la militancia de Javiera Martínez en RD, por encima de sus calificaciones técnicas y la cerrada defensa del ministro. Se puede alegar, como hizo la ministra Tohá en el amanecer del caso fundaciones, que todo esto no es más que una excusa. Puede ser así, pero al final el Estado tendrá menos, y no más, dinero para gastar.
