Columna de Ascanio Cavallo: El país del 5

Hay algo demasiado ríspido en las campañas para el plebiscito del 4. En un país que lleva bastante más de 30 años con intensa práctica electoralista, cabría esperar más cuidado, más sutileza, más profesionalismo. En la propaganda política, el exceso de elaboración plantea el mismo problema que el exceso de crudeza: todo parece falso. La artillería propagandística que se ha desplegado para el plebiscito luce cruda, anticuada, sin innovación.

En pocas palabras: con poca convicción.

El protagonismo de estos días lo ha tenido la larga negociación del oficialismo para producir algunos compromisos de reforma al texto constitucional propuesto por la Convención. Como era de esperar, los exconvencionales han sido refractarios a esa idea desde su primera formulación. Pero también lo han sido los partidos de Apruebo Dignidad, la coalición hegemónica en el gobierno. Ambos grupos argumentaban, no sin alguna razón, que sería suficiente el hecho de que la propuesta constitucional entrega un muy numeroso paquete de materias a la elaboración de leyes posteriores por el Congreso; ellas podrían corregir los defectos, si los hubiese.

El gobierno vaciló desde el fin de la Convención respecto del papel que debía asumir ante 1) el texto de la propuesta y 2) la campaña para el Apruebo. Finalmente, y aun corriendo el riesgo de someter a una tensión aguda a sus bases políticas, el Presidente Boric decidió hacerse cargo de las dos cosas. A las alturas en que tomó la decisión, se vio obligado a incluir la necesidad táctica de moderar el texto, comprometiendo reformas con cierto grado de precisión, de modo de facilitar el tránsito a los que tuviesen dudas.

Reconocía en ese momento el pronóstico negativo de las encuestas, por las que durante demasiado tiempo no mostró más que desconfianza. Pero las encuestas también estaban diciendo una segunda cosa: que los votantes con dudas disminuyen aceleradamente. Como siempre pasa con las elecciones polarizadas, las intenciones de voto se endurecen en fases tempranas y para el final quedan sólo movimientos en los márgenes. Para alterar voluntades se requieren gestos muy dramáticos, como lo supieron los estrategas de Pinochet en los últimos meses de 1988, cuando ya era tarde.

El PC y algunos de los ocho grupos que componen el Frente Amplio se negaban a tomar compromisos para después del plebiscito; preferían, con sus motivos, un juego de todo o nada. La negociación de la última semana mostró que, en verdad, el centro de la posición del PC se sitúa en el sistema político, esto es, las reglas que rigen las relaciones entre el Presidente, el Congreso y el sistema electoral. De allí que no fue posible otro acuerdo que el compromiso de “analizar” tal sistema después de que esté en funcionamiento. Guillermo Teillier terminó por aguarlo con una declaración posterior en la que dijo que incluso ese acuerdo no debería tomarse como un compromiso sin considerar la soberanía popular.

Los sistemas políticos democráticos se caracterizan por desarrollar dispositivos que impidan que la totalidad del poder se concentre en un grupo, aunque disfrute momentáneamente de una mayoría relativa. Al revés, los sistemas autocráticos son los que facilitan el asalto al poder sin contrapesos, radicando amplias facultades en un solo órgano. La Convención se movió en esta última dirección, eliminando primero al Senado y creando luego una Cámara de las Regiones cuyas facultades son incomparables con las de la Cámara de Diputados y Diputadas. Dada la incidencia de esta Cámara en la conformación de otros organismos, es bastante probable que lo que siga sea la lucha por el control del sistema electoral, es decir, la forma en que se genera la misma Cámara.

A esto apuntaba en julio pasado el expresidente Lagos cuando pedía una revisión del sistema político. Como era previsible, la respuesta del PC ha sido negativa. Su baja disposición a tomar compromisos impidió un acuerdo más robusto, que hubiese podido (quizás, sólo quizás) tener más incidencia para modificar las intenciones de voto.

El efecto secundario de un compromiso sin convicción es agudizar el clima de polarización. El propósito de pacificación explícito en el acuerdo para reformar la Constitución está por irse al despeñadero. Por supuesto, nadie puede adelantar exactamente cómo quedará el país después del 4 de septiembre. Pero de momento, el clima de amigos contra enemigos se arrellana cómodamente en el debate público. Para instalarse en ese salón, es preciso sentir alguna motivación, más que política, moral. Pero, como ha dicho el politólogo español Fernando Vallespín, “la distinción entre ‘votar bien o mal’ no tiene sentido en democracia”. La democracia consiste en aceptar opiniones diferentes. Quien vota distinto, solamente piensa distinto. No es un delincuente. Cuando se criminaliza la disidencia, se puede asegurar que detrás de esa polvareda viene galopando algún tiranuelo.

El país del 5 de septiembre será de ganadores y perdedores. Y ahora también el gobierno, que a partir de ese día verá inaugurarse una nueva fase en la lucha por la hegemonía.