La cúpula del gobierno se enojó porque la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió que terminen las reuniones -el procedimentalismo- sobre la seguridad pública y que el Presidente asuma el liderazgo de la lucha contra el crimen. El enojo incluyó al Presidente, a la ministra del Interior y a su subsecretario. Hay mucha agua que circula bajo esos puentes y la mayor parte está fuera de la vista pública.
Aún sin conocer todas esas aguas, el enojo es la reacción equivocada. Lo que la presidenta del PS requirió fue esencialmente una señal, un gesto o un conjunto de gestos que para el país signifiquen que el Estado se está haciendo cargo del problema de la criminalidad al más alto de sus niveles. Esta proposición fue formulada en abril por el exministro de Justicia y Defensa José Antonio Gómez y ha sido reiterada por distintas personas, incluyendo a exjefes policiales y exjefes militares.
Es un tenebroso sarcasmo -pero no una coincidencia- que el rifirrafe entre el gobierno y la jefa de uno de sus partidos se produjera en una semana que llegó a una decena de asesinatos en Santiago.
Esto es lo que dice la doctrina internacional sobre este tema: los crímenes aumentan en la medida en que los criminales no aprecian que sus acciones son más costosas. En el caso del crimen organizado (que las estadísticas oficiales usualmente subestiman, en parte por falta de conocimiento, en parte porque tarda en precisarse la naturaleza de los delitos), el costo tiene que subir dramáticamente antes de que se produzca la decisión de disminuir o retroceder en las acciones criminales. Los delincuentes no ven nada de eso en el Chile de estos días.
La doctrina moderna también dice que hay que poner especial atención a los hechos que escapan del patrón delictivo, porque significan algo más que lo que aparentan. En las mismas horas del debate de La Moneda se conocieron unos pocos detalles del asalto a Brink’s en Rancagua: un típico caso fuera del patrón. Ya se sabe que a lo menos dos personas fueron sobornadas para perpetrar el asalto. ¿Son las únicas? ¿Existe la contrainteligencia adecuada para asegurar que no hay más sobornados?
También se sabe que una de las armas fue disparada antes en Temucuicui y en Collipulli. Eso significa, en lo mínimo, que La Araucanía participa del circuito del tráfico de armas, algo que se sabía, aunque el gobierno suele empeñarse en eludirlo. Collipulli se repite en la ruta de las armas y las violencias mayores. Un hombre fue descuartizado allí bajo la acusación de haber robado -a otros delincuentes- un cargamento de marihuana y armas. ¿Hay algo allí que haga normal defender un cargamento de marihuana y armas? ¿A quién se le hacía la advertencia que significa descuartizar a una persona?
La misma pregunta de protocolo cabe para el caso Brink’s: ¿Hay algo especial en Rancagua? ¿Por qué se eligió esa locación para un delito con visos de espectáculo, provocativo, exhibicionista? ¿Qué significa ese encadenamiento de bandas, armas, sobornos, autos robados, logística y audacia operativa en una ciudad apenas distante de Santiago? ¿Qué esperaban obtener los perpetradores, además de dinero?
Para responder a esto se necesita, obviamente, una o muchas reuniones, pero ellas no bastan, como intuye Paulina Vodanovic. Se necesitan muchas cosas más, porque el Estado, en las condiciones que vive, es un rey desnudo, poderoso para hacer declaraciones, pero infructuoso para sostenerlas.
Como han dicho diversos especialistas, el plan Calles Sin Violencia está sobrepasado y hasta parece una mala broma cuando hay tantos muertos en las calles. Comparte con Estadio Seguro un nombre tan bondadoso como proverbialmente irrealista. Quizás ninguno sobra -porque nada sobra-, pero ninguno alcanza. Responden a diagnósticos pasados.
Cuando se ven atacados de esta forma -para volver a la doctrina internacional-, los estados reaccionan como las personas en shock: hay un largo momento de negación, seguido por una fase de angustia y finalmente una reacción de respuesta. Sólo que los estados no son personas y pueden cambiar ese patrón con una decisión política.
El gobierno de Boric parece estar en un período de negación, derivado en parte de sus prejuicios ideológicos, en parte del temor a excederse y en parte de su debilidad institucional. Presiona a las policías, hurga en las estadísticas, insiste en sus planes anteriores y envía proyectos a un Congreso que no ve señales de cambio, porque nadie las ve. Como muchas otras materias sociales, la seguridad es también un asunto de percepciones; una población que no ve señales, simplemente se hunde en el terror y la sensación de indefensión.
Esto era lo que se percibía en la propuesta de Paulina Vodanovic: una forma de salir al paso del terror.
Y el gobierno se enoja. Ni siquiera es muy original, porque se trata de la reacción prototípica de todos los gobiernos que se sienten incomprendidos, creen saber más y piensan que todo pensamiento diferente es un exceso o una amenaza. Hasta hace poco se decía que existía una campaña para estigmatizar el barrio donde eligió vivir el Presidente; hoy ya nadie niega que el centro de Santiago se ha convertido en uno los lugares más peligrosos de la ciudad.
El día menos pensado, el Estado quedará desnudo no sólo por lo que niega, sino simplemente porque también lo habrán asaltado.
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