Columna de Ascanio Cavallo: Fausto en la macrozona

Los altos mandos militares y policiales coinciden en una sola gran apreciación sobre la situación de La Araucanía: el grueso de la violencia es conducida por bandas delictivas comunes, en muchos casos bajo el nombre de organizaciones mapuches que simulan tener objetivos étnicos o políticos, pero que en lo esencial aspiran a ganar impunidad territorial para ejercer tres formas principales de crimen organizado: tráfico de madera, tráfico de drogas y, como consecuencia de ellas, lavado de dinero. Esas actividades se extendieron al Biobío y más recientemente a Los Ríos, constituyendo lo que, ya con cierto dejo eufemístico, se denomina Macrozona Sur.

El tráfico de madera robada -cuyo destino es la exportación mediante forestales clandestinas- ya se mide en millones de dólares; en la costa de Arauco se ataca a los equipos de las grandes forestales, pero no parece que para expulsarlas, sino más bien para aumentar el volumen del tráfico de madera. En cuanto a las drogas, la policía ha registrado un crecimiento vertiginoso de invernaderos para el cultivo de marihuana y en el último año también ha recogido evidencia sobre la presencia de laboratorios de refinamiento de cocaína. El destino de ambos productos es el consumo interno, con un creciente volumen de exportación.

Una veta complementaria, el tráfico de armas, todavía tiene poca monta, pero ya antes del polémico ingreso masivo de la PDI a Temucuicui (enero del 2021), se conocía la adquisición de armas a través de circuitos de expolicías. En ese operativo murió un detective, y la PDI pudo identificar a quien le disparó con una rapidez que indica bajas medidas de contrainteligencia. Las armas estaban en manos de jóvenes que actúan de vigías en las zonas de actividades ilegales, igual como ocurre en poblaciones urbanas controladas por el narco. Es probable que desde allí haya surgido el ataque contra la ministra del Interior en el segundo día de gobierno.

La mayoría de estas operaciones estarían identificadas y localizadas por la policía. Se trataría de unas 15 bandas, que se distribuyen territorios de gran amplitud sin tocarse unas con otras, aunque a veces usen falsas denominaciones comunes. Los ataques a instalaciones turísticas tendrían precisamente la finalidad primordial de evitar el ingreso de población flotante, la que suele estar asociada a una mayor dotación de servicios y policías.

Lo que ocurre es altamente anormal. El gobierno está utilizando los estados de excepción porque, aun “recortados”, con la presencia militar disminuyen los atentados incendiarios, los ataques a balazos y los cortes de caminos. A estos uniformados no les disparan, como sí lo hacen contra los carabineros. ¿No es extraño? A fines del gobierno de Piñera (octubre de 2021), un grupo de desconocidos emboscó a una patrulla de Fuerzas Especiales; los militares y sus atacantes se vieron de cerca, pero ambos tuvieron el buen tino de no disparar. Le evitaron al país una posible masacre. Este comportamiento es raro en fuerzas insurgentes; no lo es tanto en grupos delictuales.

A estas alturas, no es posible que el gobierno no conozca este diagnóstico; otra cosa es que no crea que deba aceptarlo públicamente. Tampoco lo hicieron Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet, que tuvo a un general de Carabineros que aseguraba que arreglaría todo en unos cuantos días. Quizás no haya sido sólo jactancia; hace poco que un excomandante en jefe estimaba en privado que el Ejército demoraría dos días en despejar el bandidaje si se le diesen las facultades. Tal vez el delito ha crecido allí simplemente porque se le ha permitido, o porque ha estado usando una de sus más viejas tácticas -camuflarse con la población, hacerse parte de sus rutinas- con más éxito que lo usual. Nada muy distinto de lo que hicieron, por ejemplo, bandas de Puente Alto o Maipú que distribuyeron bienes obtenidos en los saqueos después del “estallido” de 2019.

Aceptar que esto es lo que está sucediendo puede indignar o decepcionar a quienes creen que la situación actual es solo o principalmente la expresión de reivindicaciones indígenas largamente postergadas. Quizás piensen, no sin algo de razón, que este tipo de información sólo apunta a criminalizar al movimiento mapuche. Pero incluso si así fuera, incluso si tienen un 99% de razón, el movimiento mapuche debería ser el primer interesado en deshacerse de quienes lo usan con otros fines.

Pero no ha sido así. En la macrozona hay mucha ley del silencio, mucha renuencia a calificar la violencia y más todavía a identificarla, como si hasta el más mínimo gesto fuese una traición a algo sagrado. Como siempre se halla en zonas de conflicto, hay toda clase de motivos para explicar estas conductas, desde el miedo hasta la solidaridad transgeneracional, desde el odio a un enemigo común hasta la más inconfesable conveniencia.

Tampoco sería la primera vez en el mundo que existan estrategas insurgentes que crean legítima la alianza con bandas comunes, ya por reunir poder de fuego, ya para asegurar financiamiento. Esa fue la tentación de la ETA en su decadencia, fue la última táctica de las Farc y ha sido la línea de numerosos grupos rebeldes en África. Pero todas esas experiencias muestran que defender una causa política de la mano de los narcos es un callejón sin salida. No hay un narcoestado ni una narconación que tenga legitimidad humana.

Y si, por el contrario, lo que dicen los militares y la policía es ínfimamente cierto, entonces la “crisis de la macrozona” es una alucinación de escala nacional y sería tiempo de que fuese develada como tal. Parece que el gobierno intentará mantener el estado de excepción a lo menos hasta el plebiscito de septiembre, porque está claro que ni las bandas ni los insurgentes tienen gran interés en votar, pero la población que quiere vivir en paz, sí.

¿Qué pasa, entonces? ¿Vive Chile una mascarada de conflicto, donde todos fingen que se trata de una cosa cuando se trata de otra? ¿Y lo saben sus dirigentes, pero no el país, que cree presenciar un conflicto en vez de un conjunto de tropelías más o menos organizadas, más o menos ordenadas según el criterio del mayor lucro? ¿No se requiere entonces de un acuerdo de otra escala, que empiece por sincerar cuál es el verdadero estado de las cosas?