Las cuentas fiscales atraviesan por un momento ruinoso. Durante el 2024 no sólo no se cumplió con la meta de ajuste estructural -a pesar de lo que exige la ley-, sino que la deuda bruta del gobierno central alcanzó poco más de un 42% del PIB, con monstruosos intereses que gravarán al próximo gobierno. El Ministerio de Hacienda comprometió un ajuste de 0,2% del PIB (635 millones de dólares) para el 2025, una cifra grande y difícil de alcanzar, pero insignificante respecto del total. De ahí que, el jueves, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recomendara subir el ajuste a 0,5% (1.554 millones de dólares), un alza prudente, pero triplemente difícil de lograr, y más difícil en año electoral.
La advertencia del CFA es un coscorrón al ministro Mario Marcel en los mismos momentos en que suspendía sus vacaciones para hacer frente a la polémica por los 3.500 millones de dólares retirados de Corfo en el 2023. Salvo que la Contraloría diga otra cosa, no parece haber falta ni delito en esto: las cuentas de Corfo son también del Estado y aquel año el litio entregó beneficios extraordinarios.
El verdadero escándalo está en otra parte: Hacienda tuvo que acudir a este recurso porque los gastos comprometidos por el gobierno iban a ser demasiado superiores a sus ingresos. El caso es que un déficit parecido se presentó también en el 2024 y esta vez el precio del litio cayó en un 79%.
El Estado está gastando mucho más de lo que recauda. Y a veces, de manera casi incomprensible: en los últimos tres meses del 2024, gastó tres billones de pesos adicionales. (De paso, ¿por qué Hacienda sigue hablando de millones de millones cuando Chile utiliza la escala numérica larga, que significa que con 12 ceros se debe decir billón?).
Tratando de explicar el manotazo a Corfo, el ministro Nicolás Grau acudió a una cantinflada en dos partes: 1) el dinero de Corfo se integra al tesoro fiscal, por lo que no puede tener un destino específico, y 2) el dinero de Corfo se usó en seguridad, vivienda y salud. Una de las dos afirmaciones es falsa y la primera no lo es. Esto se llama, en corto, pasarse de listo, hacerse el lindo con las principales demandas ciudadanas, como si nadie se fuera a dar cuenta.
Gran parte del exceso de gasto se ha ido hacia la generación política que no quiso pagar las universidades, que creó fundaciones para maximizar ingresos, que ha engrosado el sector público y que, de paso, alimenta con esas cosas las arcas de sus partidos, como se deduce de la denuncia del Frente Amplio sobre sus militantes con cargos públicos que no han pagado sus cuotas. La gran fiesta de la exacción fiscal, a cargo de una generación enamorada del Estado, que detesta a la empresa privada, muchos por temor (a la inestabilidad, a las exigencias, al trabajo), unos pocos por convicción, y que prefiere buscar protección y sueldos en el manantial de las cuentas públicas. Contra eso, Marcel ha podido poco y nada.
El ministro defendió tempranamente a su directora de Presupuesto, Javiera Martínez, con una de esas frases que persiguen por años a los altos funcionarios: “La mejor de la historia”. Dadas las severas desviaciones del cálculo de ingresos, esto, ahora, casi parece un sarcasmo. Pero ¿y si no lo es? Si en efecto es una directora competente, entonces ¿no será que los cálculos han sido hechos de tal manera que escondan la verdad?
Tómese como ejemplo uno solo de los varios “errores”: la pobre recaudación que obtuvo el Fisco con el impuesto sustitutivo para la repatriación de capitales que están fuera de Chile. ¿Cómo podía ser alta? ¿Cómo esperar otra cosa bajo un gobierno que a través de Impuestos Internos asedia las ganancias financieras (por ejemplo, la compra de acciones) y a las rentas pasivas (por ejemplo, los arriendos)? ¿No es obvio que cuando se deteriora el clima de negocios el dinero huye hacia otras partes o, lo que es lo mismo, rechaza volver al país?
El Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2024, de la Dipres, dedica sus párrafos introductorios a explicar que la recaudación de impuestos ha mostrado “una volatilidad inédita” también en otros países de América Latina. Y más adelante incluye un recuadro comparando las desviaciones de la regla estructural en siete países. Los que peor lo han hecho son Brasil (Lula III), Colombia (Gustavo Petro) y México (López Obrador), en ese orden. Si no proviniera de Dipres, parecería un ataque despiadado a los gobiernos de izquierda de la región. Pero, en realidad, se trata de argumentos para fortalecer la postura defensiva en que se ha colocado Hacienda.
Es cierto que los primeros desajustes serios ocurrieron en el gobierno de Bachelet II, que aumentó la deuda en varios puntos. Después vino Piñera II, con los gastos del Covid-19 y, más gravemente, con los retiros de fondos previsionales, que introdujeron la inflación en el 2021, tal como ahora lo hace el demencial congelamiento de las tarifas eléctricas, votado como si nadie conociera la experiencia argentina. ¿Quién responderá por eso? ¿Mantendrán sus escaños los parlamentarios que promovieron esas ideas? ¿O seguirán confiando en que la gente no entiende nada? Para el final de Piñera II, la deuda pública había subido al 25% del PIB.
Sin embargo, sin ninguna emergencia parecida, el gobierno actual la ha subido 17 puntos, sin contar con lo que se ha sacado del Fondo de Estabilización Económica y Social (5.326 millones de dólares entre el fin del 2021 y diciembre pasado) y los pedidos a Corfo y otras propiedades estatales.
Si alguna vez escribe sus memorias, es posible que Marcel revele cuántas presiones evitó, cuántos goles atajó. Pero de momento ha resultado ser el ministro de Hacienda más gastador desde la restauración de la democracia.
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