El plebiscito de ayer marca el fin del ciclo de octubre del 2019, cuya expresión institucional sería la nueva Constitución. Nadie -ninguna encuesta, ningún estudio, ninguna estimación- llegó a suponer que el voto del Apruebo ni siquiera llegaría al 40% de la votación (con voto obligatorio). En el plebiscito de octubre de 2020, que autorizó la creación de una Convención Constitucional, y que visto hoy podría ser considerado el momento de apogeo del octubrismo, un 78,28% (con voto voluntario) dio su anuencia al proceso. Ayer, casi exactamente dos años después, se cerró estruendosamente el ciclo.
Se da el caso de que el intertanto fue elegida la Convención y también un nuevo gobierno, y es visible que ambos se sintieron parte y frutos del impulso de fines del 2019. Además del texto propuesto al país (uno de los productos de lectura más consumidos del último tiempo), resulta evidente que la votación de ayer envuelve también un juicio sobre la Convención y el gobierno.
La primera creyó que la Plaza Italia podía ser llevada, con toda clase de descortesías y arrogancias, a los salones del ex Congreso; el segundo, que era su obligación defender un proceso y un texto sobre el cual ni siquiera tuvo nunca un grado de control razonable. Es sólo debido a esa obediencia miope, cerril, que el resultado de ayer es también un duro castigo al Ejecutivo, aunque los exconvencionales también podrían decir que el verdadero lastre fue la baja popularidad del gobierno.
Nadie debería alegrarse de que el trabajo de todo un año a cargo de un grupo de convencionales (como quiera que se califique su elección) se haya hundido de esta manera; pero nadie puede decir tampoco que no hubo las suficientes advertencias. En vez de tomárselas en serio, hubo una tendencia prevaleciente a culpar a las campañas de “mentiras” y “fake news”, como si la única verdad estuviera reservada a algunas opiniones.
Si el régimen fuese parlamentario -como les gustaba a no pocos convencionales-, el gobierno habría caído anoche y hoy se estaría negociando la asunción de otras fuerzas políticas. El régimen presidencial tiene otras válvulas: cambiar el gabinete, abrir negociaciones con el Congreso, modificar su política de alianzas, en fin. Con un resultado como el de ayer, probablemente la respuesta es todas las anteriores.
El Presidente Boric -un poco menos que el resto de su gobierno, pero apenas un poco- tomó un compromiso innecesario con una propuesta en la que casi no había incidido, en abierta inclinación hacia la coalición de Apruebo Dignidad, prestando desde entonces una atención demasiado débil, demasiado desconcentrada, a su obligación primordial, la de gobernar. Es un tanto tarde para hacer referencia a los “verdaderos problemas” de los chilenos, sin hablar de la violencia ni de la inflación, y un tanto tarde para darse cuenta de que el volumen del Rechazo superaría hasta las expectativas más pesimistas.
El Presidente confía en la palabra, incluso en las palabras de otros, como lo confirmaron las varias citas de su discurso de anoche. Parece confiar menos en la autocrítica. Quizás por eso no quiso escuchar a muchos -opositores y partidarios- que le advirtieron que el gobierno no debía atarse a la propuesta de la Convención. En lugar de eso, prefirió las afelpadas voces que le decían que la distancia no era posible, que de ningún modo debería quedarse fuera de esa marea de cambio y que la propuesta constitucional era “histórica”.
¿Qué es histórico? Esta es una pregunta que no se suelen hacer los que lo dicen. De momento, lo histórico será que el Presidente Boric abra conversaciones con el Congreso, y en especial con el Senado -al que detestan varios de sus asesores-, para abrir un proceso de transformación constitucional con la legitimidad que fue negada al anterior.
Es la tarea más novedosa que se le ha planteado al gobierno. Y quizás la única que no estaba en ninguno de sus programas.
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