Las primarias del domingo pasado tuvieron una participación relativamente baja, pero no tanto como las anteriores: ¿significa que hay una tendencia al alza o simplemente que algunos partidos movilizaron más gente en comunas de gran tamaño? La respuesta probable a ambas cosas es que sí. Eso no conduce a suponer que debiera imponerse un régimen de primarias obligatorias, como las PASO (primaras abiertas, simultáneas y obligatorias) de Argentina. Las PASO fueron una invención del kirchnerismo, una buena razón para desconfiar.
Parece más lógico que las primarias fuesen obligatorias para los militantes, lo que contribuiría a fomentar su lealtad, despejaría la hinchazón artificial de algunos partidos y hasta permitiría controlar mejor el gesto electoral. Claro que ese es el tipo de transparencia que no les gusta a los partidos.
Las únicas cosas realmente llamativas en los resultados de las primarias son tres: la guerra civil en la derecha, de la coalición de Chile Vamos con los señores feudales nacidos en su seno (tipo Carter u Ossandón) y con el Partido Republicano, que no se presentó a ninguna competencia y, por tanto, puede aparecer en todas; el serio desafío de hegemonías entre la subcoalición Apruebo Dignidad (PC más Frente Amplio) y el Socialismo Democrático, y la nueva derrota de la DC, que ha hecho perder a la directiva -encabezada por Alberto Undurraga- la principal razón de su existir -proteger su capital municipal-, pero ya ni siquiera parece posible una crisis de directiva, porque nadie desafía a un cuerpo agónico.
Esta semana fue ganando pie en el Parlamento la propuesta del Servel de realizar las elecciones de octubre en dos días, cosa inédita, pero no absurda. En el mismo proyecto, el gobierno incluyó una disposición para reducir el subsidio que paga el Estado a los candidatos según el número de votos que consigan. Esto ya pone nerviosos a todos.
En su origen, la legislación chilena sobre financiamiento electoral fue una reacción a las sospechas (nunca probadas) en torno al caso MOP-Gate, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y el fundamento consistió en reducir la injerencia del dinero -sobre todo el privado- en las competencias electorales, a pesar de que, si se hubiesen confirmado las acusaciones, el primer imputado debía ser el Estado, que tiene un sinfín de herramientas para desnivelar las canchas. Pero no fue así, y la ley quedó como está.
El financiamiento principal va a los candidatos que compiten y se entrega en función de la cantidad de votos que obtienen. Por supuesto, nada impide que los candidatos consigan el dinero antes de las elecciones, por lo general, con créditos. El Estado proporciona dinero adicional a los partidos que patrocinan a los candidatos, también por número de votos. Porque, ¿cómo se financian los partidos chilenos? ¿Con los aportes de sus militantes? No. Casi nadie paga cuotas. Los fondos vienen de los votos. Esto no es un problema en sí mismo, pero entreabre la puerta a todo tipo de negociaciones espurias.
Como ocurre usualmente en la legislación electoral, a la finalidad altamente cívica -evitar la influencia del dinero- la sigue también una contraparte vil -conseguir dinero público fácil. Lo mismo que las primarias: impiden la captura de cargos, pero son poco interesantes.
El gobierno propone reducir el pago fiscal por voto de $ 1.500 a $ 970 para cada candidato, y de $ 560 a $ 370 para los partidos a los que representan, visto que las de octubre serían las elecciones más masivas y costosas de la historia. Son reducciones modestas, pero tocan los nervios de las máquinas partidarias.
La discusión se prolongará, aunque confirma lo que ya es claro: se necesita una reforma estructural del sistema político. El primer objetivo tendría que ser el de reducir los incentivos para crear partidos o mantenerlos cuando ya no cumplen función alguna. Las primarias sirven, pero sólo como señal: los partidos muy pequeños, por lo general, no participan, como tampoco lo hacen a solas en otras competencias. Es natural: tienen aversión a medirse. Como todo hay que decirlo, las PASO argentinas sí cumplen esta tarea, porque desahucian de inmediato a los que no superan cierto umbral de porcentaje.
La otra medida imperiosa es aumentar el costo político de los desertores, los que abandonan los partidos a los que representaron en el momento de ser elegidos, para pasarse, con sus cargos a cuestas, a otros partidos o a un estado de independencia que suele ser mera simulación. Si se quiere participar en la política democrática, lo correcto es integrarse en partidos, que representan intereses colectivos y no pulsiones personales. La democracia sin partidos -o, lo que es lo mismo, con partido único- no es tal.
El objetivo no puede ser reducir la polarización ni evitar los conflictos. Todo eso es parte de los tiempos. La política es una actividad de la razón. No hay remedio contra el desatino ni el descriterio, pero al menos se ha de intentar que los electores puedan saberlo, especialmente en el Parlamento (por ejemplo, ¿cómo han votado tal proyecto?) y los gobiernos municipales (¿qué hizo el alcalde ante los temporales?). No es poco, pero quizás sea suficiente.
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