Columna de Ascanio Cavallo: Lobby talks

Pocas acciones de lobby habrán sido tan influyentes sobre la política exterior chilena como la que realizó en el 2018 la Organización para la Liberación Palestina, con once diputados a los que invitó a visitar el territorio palestino de Cisjordania. Quizás no sea pertinente calificarla de lobby, porque, parafraseando los nuevos hallazgos de la ministra vocera, no toda invitación es lobby. Pero quien la consignó con ese término fue el entonces diputado Gabriel Boric, cuyo registro anotó que la finalidad el viaje era “fortalecer vínculos y conocer desde la realidad la ocupación israelí en Palestina”.

Como todas las invitaciones de este tipo, se trató de una “visita guiada”, con gastos pagados, donde los anfitriones mostraron a sus huéspedes lo que debía interesarles. Esto fue lo más perdurable: el conocimiento que Boric adquirió en seis días del principal y más complejo conflicto del Medio Oriente.

Hasta donde se sabe, antes de llegar a la Presidencia la experiencia exterior de Boric se limitaba a este viaje y unos cursos de intercambio en Francia. Tal inopia la terminó pagando todo el equipo designado inicialmente en Relaciones Exteriores.

Ahora, esa visión sobre el Medio Oriente se convierte en una política de estado.

El jalón más reciente es el anuncio de la embajadora ante la ONU, Paula Narváez, de que Chile hará una presentación en el Tribunal Penal Internacional (TPI), donde un fiscal recopila materiales sobre el conflicto desde el 2021. Han hecho remisiones en este caso Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las islas Comoras y Yibuti y, tratándose de procedimientos costosos, la participación de estos últimos cuatro países de bajos ingresos sugiere una partida financiada por actores más poderosos. Esta presentación no tiene efectos relevantes. La TPI –que no persigue a estados, sino a individuos- aun no forma parte del sistema de la ONU.

Otros dos casos contra Israel se han iniciado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Uno es un contencioso presentado por Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, irónicamente firmada en 1948 después del exterminio de judíos por el régimen nazi. La presentación habla de un “patrón de conducta genocida” en Gaza y pide medidas cautelares para detener las acciones militares. Este caso tiene el patrocinio de los 57 países de la Organización de Cooperación Islámica y otros estados, incluyendo, en Sudamérica, a Bolivia y Venezuela. Hasta ahora, el gobierno de Chile no ha participado en este libelo, aunque la Cancillería no lo ha descartado.

El jueves, Sudáfrica presentó su acusación, que el diario opositor israelí Haaretz calificó de “sólida”. El viernes fue la respuesta de Israel, que el mismo diario consideró “robusta”. Es poco probable que la CIJ ordene medidas cautelares, dado que la mayor parte de los rehenes capturados por Hamás no han sido liberados: 136 cautivos versus 121 liberados. Esta es una situación seguramente calculada por Hamás, grupo religioso sacrificial (igual que Al-Qaeda), que busca polarizar a la opinión pública mundial, como lo ha dicho expresamente. Hasta aquí, Hamás logra mantener al gobierno de Israel cazado en esa trampa, a pesar de que los ataques de Hamás sólo se parecen, en escala, a los atentados contra las Torres Gemelas.

La otra acción en la CIJ, requerida por la ONU, es una “opinión consultiva sobre aspectos de la ocupación de Palestina”. La analista Paz Zárate ha revelado que Chile presentó ya dos documentos en esta instancia y expondrá en una sesión programada para el 19 de febrero. Según algunos medios, lo hará la exsubsecretaria y exagente de Chile Ximena Fuentes.

También es probable que esta acción no tenga resultados inmediatos, pero, como ya lo supo Chile en las demandas de Perú y Bolivia, la CIJ es el aparato más delicado del sistema de justicia internacional.

En todas estas acciones falta algo significativo: las superpotencias, Europa, parte de Asia. China es la que ha logrado mayor cercanía con el mundo árabe, seguido por Rusia, que mantiene sus aliados en Medio Oriente. Ninguno está presente en estas acciones judiciales (tampoco Estados Unidos): tales ausencias serían suficientes para tener mucha prudencia, al margen de las opiniones personales.

Fuentes de La Moneda aseguran que el Presidente informaría de estas acciones a comienzos de la semana venidera, caso en el cual no se entiende la intervención de la embajadora Narváez, que se habría adelantado precisamente en el caso más inocuo.

Esta es una manera muy novedosa de interpretar la atribución exclusiva del Presidente en política exterior, que le asigna la Constitución vigente. El Presidente ha decidido romper la neutralidad histórica de Chile en el conflicto del Medio Oriente, que se mantenía en respeto a las comunidades que viven en Chile, y también porque lo que se juega en esa región forma parte de intereses geopolíticos ajenos.

El conflicto atraviesa por uno de los momentos más sangrientos y revulsivos de las últimas décadas y se puede dar por seguro que no es tan simple como se lo explicaron al diputado del Frente Amplio seis años atrás.