La pobrísima votación obtenida en la Cámara Baja por el proyecto del “autopréstamo” con fondos previsionales merece ser considerada como un síntoma de algo más amplio. Los 36 votos que obtuvo la iniciativa patrocinada por el Partido de la Gente se comparan muy mal con los más de 90 que reunieron las primeras mociones de retiros, entre el 2020 y el 2021. El “autopréstamo” tenía incluso la ventaja de diferenciarse de los anteriores bajo el disfraz del crédito, aunque todo el mundo sabía que, como dijo el ministro Marcio Marcel, no era sino un nuevo retiro encubierto.
Los ataques sobre el sistema previsional se produjeron bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera y su verdadero objetivo, que sólo comprendían uno o dos de los diputados que los promovieron, era erosionar no sólo las bases del sistema de AFP, sino la arquitectura completa del sistema financiero. Muchos de los que votaron en favor de esas iniciativas ni siquiera se dieron cuenta de esto. Después del “estallido” de octubre del 2019, estos proyectos ocuparon el lugar de la “primera línea” -como quizás le gustaría llamarlos a Pamela Jiles- en el embate contra el aparato capitalista.
En los retiros cuarto y quinto ya estaban Gabriel Boric en La Moneda y Mario Marcel en Hacienda. Ahora a cargo del país, el Frente Amplio y sus nuevos socios del Socialismo Democrático comprendieron el efecto inflacionario de lo ocurrido en los años anteriores y desplegaron sus mejores esfuerzos para impedir que se juntara la mayoría necesaria para aprobarlos. No les fue fácil. No lograron alinear del todo a sus diputados y pasaron alguna zozobra de último minuto. Ahora, en cambio, fue sencillo y aplastante. Hasta la disidencia de Karol Cariola dentro del PC parece haber sido autorizada, un saludo al control del peligro. La diputada Jiles ha anunciado que presentará el proyecto del “sexto retiro” (en verdad, cuarto), pero las perspectivas son más bien malas.
¿Por qué? Porque ha cambiado el clima social. Algunos analistas han sostenido que el plebiscito del 4 de septiembre marcó el fin del “ciclo de la revuelta” que se desarrolló entre octubre del 2019, los dos años de pandemia y la asunción de Boric. Aún si así fuese, en los últimos meses han ocurrido más cosas.
El escenario mundial ha empeorado. La guerra de Rusia contra Ucrania se ha prolongado y la visita de Xi Jingping a Putin sugiere que China intenta tener algún pito que tocar en su desenlace, una intervención que semeja más un frente antioccidental que una solución al lío en que se metió Rusia. La inestabilidad mundial no mejora, sino que se agudiza. La democracia está más débil que nunca y hay populistas al acecho en todas partes, listos para dar un zarpazo a las libertades públicas. Los populistas prometen resolver todos los problemas sociales; son simplistas y nostálgicos de un pasado inventado, no importa si se declaran de derecha o de izquierda (hay varios en el gobierno chileno). Y son esencialmente reaccionarios: odian el progreso, la globalización, la libertad en general. Son los nuevos momios, los neomomios.
La quiebra de un banco mediano en Silicon Valley tuvo un rebote mortífero en Suiza y nadie sabe todavía hasta dónde pueden extenderse las ondas de ese fracaso. El mundo financiero está en ascuas. La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, ha dicho que los efectos en Chile serían menores e indirectos, pero no inocuos en la trayectoria del crecimiento. El trauma de la crisis del 2008, que afectó a todas las democracias liberales, sigue activo.
América Latina no tiene papel en estas cosas, ni en casi nada. Las hermandades imaginadas por el Frente Amplio respecto de la región, el Mercosur, Unasur, los gobiernos bolivarianos y todo eso, se han mostrado con cierta crudeza como los cacharros que siempre fueron. Los gobiernos del progresismo son una sociedad de diferencias, no de colaboración, y es posible que el Presidente chileno, con sus críticas a Cuba y Nicaragua, ya se haya convertido en un aliado perdido para los Fernández, Petro, Arce, AMLO, más neomomios que otra cosa. Como era lógico, el nuevo canciller Van Klaveren ha puesto la prioridad en la conversación sobre la migración, lo que significa entrar en una zona que disgusta a Venezuela, Perú y Bolivia. Fin del “constructivismo diplomático”.
En cuanto a la agenda local, está enteramente copada por la presencia multiforme del delito y esas variedades violentas que son familiares en América Latina, pero desestructurantes en Chile. Por si fuera poco, el gobierno ha debido enfrentar esa rara pinza entre la presión migratoria por el norte y la insurrección episódica por el sur. Que el Ministerio del Interior haya logrado evitar explosiones en alguno de estos puntos es un mérito que casi nadie reconocerá, aunque es difícil imaginar una situación más extraña.
Aún si se despejase la invasiva presencia de la violencia delictual, quedaría la presión de un escenario en el que aumenta el costo de la vida y, contradictoriamente, no existe desempleo significativo, un escenario muy similar al que vive Estados Unidos y que parece anticipar una recesión.
Es un ambiente nuevo, más amenazante, donde la euforia es un despropósito. Las encuestas muestran un desplazamiento “conservador” en las percepciones, que es clásico de los estados de inseguridad. Esto puede explicar las derrotas parlamentarias de todas las cosas que aumentan la incertidumbre -reforma tributaria, “autopréstamo” y, si no son llevados con cautela, reforma previsional, de la salud, de los cuidados, etcétera. Una prueba inmediata serán las elecciones de los miembros de la nueva Convención Constitucional, el 7 de mayo, que podrían reestructurar el mapa de la política chilena bajo un clima que ha cambiado demasiado. Es poco probable que sean buenas noticias para el oficialismo.
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